Lambán defiende la legalidad de la unión de estaciones tras acudir IU a la oficina antifraude de la UE
El presidente asegura que el proyecto cuenta con «plenas garantías jurídicas» y su impacto ambiental es «sostenible» ● La coalición de izquierdas pide que se investigue el supuesto «conflicto de intereses» de la consejera Gastón y paralice el plan
ZARAGOZA. El presidente aragonés, Javier Lambán, salió ayer en defensa de la unión de estaciones y aseguró que cuenta con «plenas garantías jurídicas» nada más desvelar Izquierda Unida que ha llevado el proyecto a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) para que investigue el supuesto «conflicto de intereses» de la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, por ser «juez y parte» en la iniciativa.
La coalición de izquierda da así un paso más en su rechazo frontal a la conexión de Astún y Formigal por Canal Roya y solicita al organismo europeo que lo paralice como medida cautelar, habida cuenta de que 26 de los 38 millones a los que asciende el coste de esta infraestructura serán sufragados por los fondos europeos Next Generation.
La actuación, anunciada ayer por la eurodiputada de IU, Sira Rego, y el líder de la formación en Aragón, Álvaro Sanz, provocó la inmediata reacción de Lambán, quien no solo negó el conflicto de intereses, sino que manifestó que este tipo de cuestiones están resueltas «desde el principio», por lo que no teme que se pueda paralizar el proyecto por esta denuncia. «El Gobierno no está actuando de manera improvisada ni de manera frívola», manifestó al ser preguntado al respecto durante una vista a las instalaciones del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA).
Los dos cargos de IU tildaron la unión de estaciones de «aberración» ambiental que va en contra del «patrón climático», dado que las previsiones científicas apuntan a que en treinta años nevará la mitad y solo estará garantizada en cotas altas. No obstante, su denuncia ante la Olaf se centra estrictamente en la tramitación de la telecabina proyectada.
Rego subrayó que Gastón es «juez y parte» y existe un «cruce de intereses» porque como presidenta de Aramón ha impulsado a través de Formigal SA que la unión sea declarada como Proyecto de Interés General de Aragón y, desde su Consejería, ha redactado un informe para contrarrestar los dos en contra de las direcciones generales de Ordenación del Territorio y Transportes.
En concreto, IU ha puesto en conocimiento de la oficina antifraude de la UE que la consejera participa de manera directa o indirecta de la gestión, actos preparatorios y ejerce, al menos, cierto control de los fondos. «Su ejercicio imparcial u objetivo en esas funciones puede verse comprometido por un evidente interés económico o por razones simplemente laborales», señala el partido, que incide en su escrito a la oficina europea que Marta Gastón es trabajadora en excedencia de Ibercaja, accionista a su vez de Aramón –a partes iguales con la DGA–, beneficiaria de los fondos.
Aunque la consejera de Economía se inhibió en la declaración del proyecto de declaración de interés autonómico, Sanz insistió en que existe un conflicto de intereses. Para ello, manifestó que lo demostraría el hecho de que el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, dimitiera como vocal de Aramón en noviembre de 2022, justo antes de que se le asignaran los fondos europeos como promotor del proyecto. En su carta de motivación, Gracia aludió al posible conflicto de interés, como recuerda la coalición de izquierdas.
Un año de instrucción
Sira Rego explicó que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude requerirá un año para hacer la investigación, por lo que han solicitado la paralización del proyecto como medida cautelar. Y añadió que en otros casos se han llegado bloquear los fondos europeos concedidos.
Mientras tanto, el presidente aragonés dio por hecho que no se llegará a paralizar la unión de estaciones por esta denuncia y volvió a insistir en que lo que se quiere hacer en el Pirineo «no es ningún tipo de atrocidad» y que lo que busca es «consolidar un modelo económico» y reforzar la «competitividad de un sector que ya proporciona mucho empleo y riqueza».
Lambán insistió en que el proyecto es «medioambientalmente sostenible, con un impacto visual mínimo y reversible», aunque el informe de impacto ambiental, presentado por Formigal SA, reconoce que el impacto visual es «severo». En dicho estudio, la infraestructura logra la compatibilidad con la adopción de medidas correctoras, tanto en la fase de construcción como en la de explotación, con un impacto moderado en lo que se refiere a la huella de carbono, a la alteración de la vegetación y a la afección a hábitats de interés comunitario.
Asimismo, el líder socialista señaló que en Cataluña y Andorra –a quienes se quiere «disputar esquiadores» con el proyecto de unión de estaciones– se están llevando a cabo actuaciones «muy parecidas», pero «de bastante mayor calibre y en zonas más protegidas» y «nadie se está llevando las manos a la cabeza ni poniendo el grito en el cielo». Por ello, aseguró que no entiende por qué en la comunidad aragonesa «nos dedicamos a pegarnos tiros en el pie».