Ribera, ecologista radical
Aunque transmite una buena imagen, la ministra para la Transición Ecológica sostiene a veces opiniones y posturas que resultan muy radicales. Parece seguir en ello la estela de Cristina Narbona, que fuera ministra con Rodríguez Zapatero
La vicepresidenta Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, da buena imagen en sus comparecencias. No hace declaraciones crispadas y se explica con razonable claridad. Y ya al final de la legislatura, es una de las pocas personas que empezaron en el Gobierno de Sánchez y que permanece allí. Acaso se la cree persona de conocimientos profundos en los difíciles temas de la gestión de la energía, la demografía o la protección ambiental. En realidad, ha impartido docencia universitaria, pero no es doctora, ni parece contar con publicaciones de fuste en ninguna de esas materias. Ingresó por oposición en la Administración del Estado y ha desempeñado, antes y durante el mandato de Rodríguez Zapatero y después, varios cargos políticos. Tiene amplia experiencia de gestión. Pero hace unos días José Luis de Arce, criticando en HERALDO (22 de marzo) una bastante mejorable regulación sobre familias numerosas, afirmaba que la vicepresidenta es «radical y simplista».
Pienso lo mismo. Ribera es una ecologista muy radical. Me recuerda a Cristina Narbona, radical en sus ideas y en las normas que inspiró (Ley 26/2007, de daños ambientales) y también fichada en su primera legislatura por Rodríguez Zapatero. Narbona acabó enfrentada a los cazadores, los agricultores y los ganaderos del país y contempló grandes manifestaciones contra sus políticas. En la segunda legislatura de Zapatero ya no se contó con ella como ministra y se dijo que ella se sorprendió mucho. Quizás se apercibió el PSOE de que le había restado más que sumado votos con su radicalismo, que había dejado mucho descontento en, al menos, los sectores mencionados. También las decisiones de Ribera están produciendo en los mismos (y en los apicultores, ahora) mucha oposición social y temo que bastante fundada.
Recién estrenado su cargo, Teresa Ribera dejó escapar ante periodistas, y con la lógica gran repercusión, su opinión de que, si por ella fuera, prohibiría la caza. Es increíble la tan atrevida afirmación. En España, aunque en descenso en los últimos años, hay más de 740.000 licencias de caza y en muchos territorios, a través del turismo rural y de otros trabajos, la caza supone muchos miles de puestos de trabajo y mucha creación de riqueza. Prohibir la caza sería algo seguramente inconstitucional. Con frecuencia, y así este año, causan enormes pérdidas a los cultivos los conejos, jabalíes, corzos y gamos, cuyas poblaciones reduce la caza, aunque esta sea por sí insuficiente para paliar este gran problema. La fauna salvaje suele resguardarse de los cazadores en los espacios protegidos, extensos y abundantes, y así escapa a la acción del cazador. Y los animales consiguen sortear o romper las vallas con las que los agricultores intentan proteger sus cultivos. A veces se comen piensos puestos para la ganadería.
También se muestra radical Ribera en la política hidráulica. Así, en la polémica de 2021 sobre si demoler o no el embalse de los Toranes, en el río Mijares, defendió la demolición, aunque rectificara al final. Hoy una sentencia reciente ha vuelto a la idea de de
«En la polémica de 2021 sobre si demoler o no el embalse de los Toranes, en el río Mijares, defendió la demolición, aunque rectificara al final»
molerlo. En la polémica sobre el casi acabado embalse de Mularroya, se opuso mucho tiempo a sumarse al recurso de casación de los regantes ante el Tribunal Supremo (TS). Aunque también rectificó al final, parece que fue por las presiones del Gobierno aragonés, que debió de convencer en esto al presidente del Gobierno. El recurso luego lo estimó el TS. En el plan hidrológico del Ebro, que se ha aprobado el pasado enero por decreto, como los otros planes para los ríos de competencia estatal, Ribera ha conseguido excluir, de aquí al 2027, buena parte de las obras recogidas en el Pacto del Agua de 1992, que todavía están como aspiración social en la vigente Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001-2005. Otro conflicto ilustrativo sobre Ribera es su decisión de imponer por primera vez, para proteger los ‘caudales ecológicos’ del Tajo, reducciones progresivas del caudal circulante por el acueducto Tajo-Segura y la subida del precio del agua desalada, favoreciendo a Castilla-La Mancha y perjudicando a Levante, Andalucía y Murcia, territorios estos muy poblados y con mucha necesidad de agua de riego. Se la acusa allí de haber dado un nuevo ‘hachazo’ al trasvase.