PSOE y Podemos ahondan sus diferencias por la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’
● Los socialistas alegan que las enmiendas de sus socios de Gobierno y de ERC y Bildu «no solucionan el problema» y se encomiendan al respaldo del PP
MADRID. No habrá acuerdo entre los socios del Gobierno para la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’. El PSOE rechazó ayer sin miramientos las enmiendas presentadas tanto por Podemos como por ERC y EH Bildu al texto legislativo que, tras meses de negociación en el seno del Ejecutivo, llevó en solitario al Congreso el pasado mes de febrero para neutralizar la polémica que habían generado los centenares de rebajas de condena a agresores sexuales provocados por la norma estrella del Ministerio de Igualdad. «No solucionan el problema; no solucionan los efectos indeseados», alegó tajante la portavoz de la ejecutiva socialista, Pilar Alegría, en una comparecencia en Ferraz.
Ambos reavivan el que, probablemente, ha sido el desencuentro más sonado y de mayores consecuencias entre PSOE y Podemos desde que en noviembre de 2019 sellaron su pacto de coalición. Cuando la disputa parecía superada por otros asuntos, regresa al punto de partida. Alegría, también ministra de Educación, aseguró que los textos presentados por los morados y por los independentistas vascos y catalanes son, además de muy similares entre sí, coincidentes con los planteamientos que ya puso sobre la mesa el equipo de Irene Montero en sus negociaciones con el Ministerio de Justicia.
La principal diferencia estaba, y sigue estando, en un asunto técnico pero del que se derivan filosóficas. Al eliminar la ley en vigor diferencia entre abuso y agresión, la horquilla de penas se vio modificada a la baja sobre todo en su rango inferior. El PSOE propone mantener el abanico punitivo actual pero introducir un subtipo agravado tanto para la agresión como para la violación cometidas con violencia o intimidación; así se lograría, según sostienen, que las penas sean equivalentes a las anteriores a la entrada en vigor de la ley. Podemos ERC y Bildu sugieren que la violencia y la intimidación sean un agravante que eleve las penas hasta un máximo de 8 años para la agresión y 15 para la violación, por encima de la propuesta socialista.
Los morados esgrimen que si se eliminó la diferencia entre abuso y agresión fue precisamente para evitar la revictimización que sufrían las mujeres al tener que demostrar «cuánto se resistieron» y que lo que hacen los socialistas es, básicamente, volver al «Código Penal de la Manada». Los socialistas replican que el consentimiento sigue estando en el centro de la norma porque no se toca el artículo que así lo establece y alegan que la propuesta de sus socios conduciría a un esquema de penas desproporcionado y más propio de una concepción punitivista del Estado.
«Después de cuatro meses vemos que quienes tienen una idea más progresista y feminista de los derechos de las mujeres coincidimos en que la violencia o la intimidación pueden ser circunstancias agravantes y de hecho lo son pero no tienen que impactar en el sistema como antes, no hace falta un retroceso como el que quiere el Partido Popular», recriminó la delegada del Gobierno contra la
Violencia de Género, Victoria Rosell, en los pasillos del Congreso tras registrar ayer las enmiendas de su formación, al límite del plazo previsto.
Reclamo electoral
En la dirección del PSOE tienen orden de evitar provocaciones y no alimentar una confrontación que creen que Podemos busca como reclamo electoral. Pero, aun así, Alegría respondió con dureza a la enésima insinuación de sus socios de que ni los socialistas son realmente de izquierdas ni defienden a las mujeres: «Es importante no confundir la cerrazón con el feminismo», dijo.
En el PSOE son perfectamente conscientes a estas alturas de que la única posibilidad de que su reforma salga adelante pasa por el PP, como ocurrió en el debate de toma en consideración el pasado 7 de marzo, pero no les preocupa. El reto difícil fue aquel, el que se produjo en vísperas del Día de la Mujer. Y creen que lo superaron con creces. Después de aquella sesión parlamentaria, en la que la diputada de Podemos Lucía Muñoz instó a manifestarse contra ellos en las calles y llegó a compararlos con «un puñado de fascistas», los socialistas no solo no han visto resentirse las expectativas de voto a las que apuntan las encuestas sino lo contrario.
Los populares prevén desbloquear el siguiente trámite parlamentario pese a llevar semanas acusando al PSOE de no tener «prisa» por modificar la norma y después de que este rechazara su propuesta «casi idéntica» de reforma. Ayer registraron sus 14 enmiendas, con las que buscan elevar de nuevo las penas hasta los límites vigentes antes de la entrada en vigor de la ley de libertad sexual y «rectificar» varios artículos que supondrían un nuevo perjuicio para las víctimas.
Si se cumple el calendario previsto, el debate de la proposición de ley tendrá lugar en el Congreso el próximo día 20 y el 26 culminará su tramitación en el Senado. Podemos cree haberse anotado un tanto al escenificar una postura alineada junto a ERC y Bildu que, junto a la CUP y el BNG, ya se sumaron a la formación de Belarra con su voto en contra en el primero de los debates parlamentarios. Alegría desdeñó ese apoyo y advirtió de que, si hay que guiarse por lo que ocurrió entonces, sus socios están claramente «en minoría».