La Audiencia Nacional condena a los cuatro primeros acusados en España por la Fiscalía Europea

● Los penados son dos cargos de la Cámara de Comercio de Toledo, un mayorista navarro y una mujer israelí por fraude de subvenciones

MADRID. La Audiencia Nacional ha condenado a los cuatro primeros acusados en España por la Fiscalía Europea, el órgano encargado de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos cometidos en territorio nacional contra los intereses financieros de la Unión. Se trata de dos procedimientos que fueron sentenciados en enero y febrero pasado por el Juzgado Central de lo Penal. Los castigados son dos cargos de la Cámara de Comercio de Toledo, un mayorista navarro de hortalizas y una comercializadora de nacionalidad israelí por fraude de subvenciones y, en el segundo caso, también por falsedad documental.

Estas dos sentencias condenatorias, a las que se llegaron por conformidad entre las partes, suponen un hito judicial para la delegación española del órgano comunitario, dirigido por Concepción Sabadell, exfiscal anticorrupción. Sus competencias están reguladas en una ley orgánica que entró en vigor en julio de 2021. Según esta norma, la Audiencia Nacional es el tribunal competente para el conocimiento y fallo de las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea. En los supuestos de aforamiento los asuntos recaen en el Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia, según proceda. En cada uno de estos órganos se constituirá además un juez de garantías para la adopción de medidas urgentes en fase de instrucción.

En la primera sentencia, de 24 de enero, el titular del Juzgado Central de lo Penal, José Manuel Fernández-Prieto, castigó a Cándido Lite, un empresario natural de Tudela (Navarra), y a la ciudadana israelí Gilda Ezra a seis meses de prisión por falsedad documental y multa de 2.563 euros, al primero, y 1.092 euros a la segunda por fraude de subvenciones. Con el criterio favorable del fiscal, se acordó la suspensión de la pena de cárcel a cambio de no delinquir en dos años.

Según los hechos probados, Lite, de 59 años y mayorista de brócoli y coliflor a través de su mercantil Agrocapelu Sociedad Corporativa, y Ezra, administradora de la mercantil Aurora Agrícola, comercializadora de fruta radicada en Barcelona, se concertaron para acceder a una ayuda del Gobierno de Navarra con cargo también a fondos comunitarios (desarrollo agrario).

Para ello, en junio de 2020 Lite presentó al departamento navarro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente una serie de documentos falsificados, elaborados por la otra condenada, con los que recibieron en noviembre de 2020 177.965 euros y en octubre de 2021 125.230 euros. El acto ilícito se consumó con la presentación de dos presupuestos de diferentes proveedores, habilitados para conseguir las ayudas, pero sin el conocimiento de estos. Cuando se descubrió la trama, ambos devolvieron los fondos a Navarra y a la Comisión Europea. Una atenuante muy cualificada de reparación del daño que sentó las bases para la sentencia de conformidad y la reducción de las penas.

Un proyecto de un millón

El segundo fallo se dictó el pasado 27 de febrero por el mismo magistrado de la Audiencia Nacional. En esta causa fueron castigados dos altos cargos de la Cámara de Comercio de Toledo: el director general Joaquín Echevarria, de 57 años, y el secretario general Fernando Sánchez, de 56.

Les atribuyeron fraude de subvenciones a razón de 30.000 euros de multa y una responsabilidad civil conjunta de otros 40.750 euros. El fallo también fue de conformidad y se aplicó la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Según los hechos probados, los dos cargos, «puestos de acuerdo y con el ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial», presentaron documentación «inveraz» en un proyecto del Fondo Social Europeo, llamado Innotech, bajo el programa operativo de empleo, capacitación y educación 2014-2020, a fin de recibir la cantidad subvencionable. Esta ayuda fue convocada por la fundación Incyde y el 80% partía con cargo a una partida comunitaria.

La investigación de la Fiscalía Europea, iniciada en diciembre de 2021, determinó que la documentación justificativa no se correspondía con la realidad en cuanto a las horas prestadas para el proyecto, subcontratación externa y salarios mensuales de los trabajadores. El proyecto fue ejecutado entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 y la Cámara de Comercio, como beneficiaria, recibió la ayuda en abril de 2018. En total, un millón de euros (casi la mitad de se fueron en salarios), de los que 800.000 fueron a cargo del Fondo Social Europeo.

Según su memoria anual, la Fiscalía Europea abrió en 2022 un total de 43 investigaciones en España por diversos delitos (fraude fiscal, de subvenciones, blanqueo, corrupción, apropiación indebida…) con un daño estimado de 144 millones a las arcas de la Unión.