Comienza en Algeciras el mayor juicio por narcotráfico de la historia
152 miembros del clan de los Castañas se sientan en el banquillo por delitos que suman 1.787 años por dirigir el tráfico de hachís en el Estrecho
MADRID. El mayor clan de la droga que jamás ha existido en España y el mayor juicio por narcotráfico de la historia del país. Las cifras, las acusaciones y la envergadura del proceso que ayer comenzó en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz no tienen precedentes. El medio centenar de encausados en la mítica Operación Nécora de principios de los 90 contra el narcotráfico en las rías gallegas parecen poca cosa en comparación a los 152 procesados del clan de Los Castañas que se sientan en el banquillo acusados de dirigir las redes del narcotráfico, particularmente la entrada de hachís, en el Campo de Gibraltar, pero también en buena parte del litoral andaluz.
La Fiscalía Antidroga pide penas que suman 1.787 años de prisión y 15.188 millones de euros en multas para Antonio Tejón ‘el Castaña’, líder del clan, y su extensísima red de colaboradores. Una telaraña delincuencial, explica el Ministerio Público, que gracias a su «incesante» actividad ha conseguido introducir cantidades ingentes de hachís en la península. Una red que Tejón siguió dirigiendo desde prisión y que no bajó su ritmo ni en los días más duros del confinamiento de la pandemia en la primavera de 2020.
La primera sesión en la remodelada sede judicial, en la que la Junta de Andalucía se ha gastado más de 150.000 euros para poder albergar este macrojuicio, se saldó ayer con acuerdos de conformidad con la Fiscalía para 62 de los imputados de menor entidad (con condenas de dos años), la retirada de la acusación a otros veinte procesados y la declaración en rebeldía de otros seis acusados.
La Fiscalía pide para Antonio Tejón 15 años y 9 meses de prisión y 104 millones de euros de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contrabando (por el uso de narcolanchas prohibidas) y pertenencia a grupo criminal. Según el Ministerio Público, desde la cárcel y solo en 2020 dirigió la introducción de al menos 9.000 kilos de hachís.