El Parlamento andaluz abre la puerta a la ley que regulariza tierras de regadío de Doñana
PP y Vox aprueban la admisión a trámite de su propuesta, cuestionada por la UE y los ecologistas y bajo la amenaza de acabar en los tribunales
SEVILLA. La proposición de ley presentada por el PP y Vox en el Parlamento de Andalucía para regularizar terrenos de regadíos en el entorno de Doñana excluidos del plan especial de ordenación de 2014 ya ha superado su primera prueba. Con la amplia mayoría de los dos grupos proponentes, que suman casi dos tercios de los escaños, la Cámara aprobó por 70 votos a favor y 37 en contra la toma en consideración de la propuesta, que inicia de esta manera una tramitación que podría concluir con su aprobación definitiva en torno a finales de julio.
La iniciativa excede largamente a un asunto de reordenación del suelo en la provincia de Huelva y se ha convertido en uno de los principales focos de debate político en el que además de los colectivos implicados –los regantes y las organizaciones agrarias de un lado, los ecologistas del otro– ha intervenido el Gobierno central y las autoridades europeas.
Estas últimas, a través de una carta enviada por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika FinkHooijer, amenazaron con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE y la ministra de
Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió a la Junta de una posible invasión de competencias en materia de gestión del agua si la propuesta sale adelante. «Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles y Doñana no se va a tocar», alertó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer durante un acto en Burgos.
La iniciativa legislativa persigue dar una solución a los regantes que en 2014 se quedaron fuera del ‘plan de la fresa’, que daba carta de naturaleza a los regadíos en el entorno de Doñana y por lo tanto garantizaba su derecho de acceso al agua para riego en una zona que ha alcanzado la prosperidad gracias al auge de este cultivo. Aquel plan fue elaborado sobre la base de unas fotografías aéreas tomadas diez años antes y que por lo tanto no ofrecían una radiografía actualizada de la realidad de la zona al considerar como explotaciones agrícolas a terrenos que en realidad sí lo eran.
Pozos ilegales
Muchos de estos agricultores, en una situación de alegalidad, para continuar con su actividad agrícola optaron por pinchar pozos ilegales que afectaron al acuífero del que se abastece Doñana. Ahora, el Gobierno andaluz quiere dar solución a esta situación, pero la situación es compleja por varias razones: el Parque Nacional se encuentra en una situación gravísima debido a la sequía y los proyectos de obras hídricas que deberían llevar agua a la zona duermen el sueño de los justos. Además, ni siquiera se sabe cuántas son las explotaciones que podrían regularizar se si se demuestra que fueron injustamente excluidas del plan de 2014. Los cálculos oscilan en una amplísima horquilla que va de las 600 a las 1.700 hectáreas.
Al presentar su propuesta, el PP argumentó que aspiraba a que saliera por consenso. En su favor jugaba que tres de los cinco municipios afectados están gobernados por alcaldes socialistas que claman por una solución. Sin embargo, el debate parlamentario puso en evidencia que las posturas no podrían estar más alejadas y ambas partes, el PP y Vox de un lado, el PSOE y el resto de la izquierda, del otro, se acusan mutuamente de mentir sobre el contenido y las consecuencias el alcance de la iniciativa.
El principal punto de discrepancia está en cómo afectará la regularización de los regadíos fuera de ordenación a la supervivencia del parque nacional. El PP asegura que el efecto será nulo, ya que la proposición de ley establece que los terrenos que se incorporen solo podrán ser abastecidos con aguas superficiales una vez que el Gobierno central ejecute las obras hídricas pendientes, concretamente el trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra. Argumenta, además, que la propuesta blinda el acuífero que nutre a Doñana, a cuya recuperación obliga una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
Pero desde el PSOE y el resto de los grupos de la izquierda se asegura que este argumento es un engaño porque los 20 hectómetros cúbicos previstos en ese trasvase ya están asignados para las explotaciones legales y por lo tanto no se pueden incluir en el reparto a nuevas zonas de regadíos.