Las ONG advierten que el estado de emergencia migratoria en Italia dificultará los rescates

● Critican al Gobierno de Meloni por lo que consideran una maniobra propagandística y desproporcionada para afrontar el aumento de desembarcos en el Mediterráneo central

ROMA. La declaración el martes del estado de emergencia en Italia por la llegada masiva de migrantes provocó ayer una cascada de críticas al Gobierno de Giorgia Meloni desde oenegés, sindicatos y partidos de la oposición de izquierdas. El Ejecutivo conservador recurrió a esta medida excepcional por el espectacular incremento en el número de desembarcos de extranjeros que cruzan el Mediterráneo central: en lo que va de año ya son 31.357, casi cuatro veces más que en el mismo período de 2022 (8.432).

En las últimas dos décadas los sucesivos Gobiernos italianos han echado mano de esta normativa en 128 ocasiones, aunque siempre debido a terremotos, desastres meteorológicos o sanitarios, como en la pandemia. El único precedente por motivos migratorios tuvo lugar en 2011, con Silvio Berlusconi en el poder, hoy aliado de la propia Meloni.

Aunque fuentes gubernamentales aclararon que con esta medida se podrán acelerar los trámites para acoger a los migrantes con derecho a asilo en todo el país, al tiempo que se agiliza la expulsión de los extranjeros en situación irregular, existen grandes incógnitas sobre sus repercusiones. Meloni solo apuntó que permitirá «respuestas más eficaces y rápidas a la gestión de los flujos migratorios», lo que hace temer a las organizaciones humanitarias que socorren a migrantes en el Canal de Sicilia que se dificulte aún más su labor.

Su trabajo ya se vio lastrado por la aprobación en febrero de una normativa que prevé hasta 50.000 euros de multa y dos meses de inmovilización de los barcos de las ONG. Se les obliga a dirigirse a puerto tras hacer un salvamento, lo que impide realizar más de una operación seguida.

Para Valeria Taurino, directora general de SOS Mediterranée Italia, la medida resulta «al menos engañosa» por tratar como emergencia una situación que persiste desde hace 15 años. «No sabemos qué decisiones implicará, ni si tendrá una repercusión en las actividades de búsqueda y rescate. Esperemos que no sea una preparación para vaciar aún más el Mediterráneo central de las naves de socorro», señaló.

En la misma línea se mostró Riccardo Noury, portavoz de Amnistía Internacional en Italia, que consideró «peligroso» el mensaje de que los extranjeros constituyen «una emergencia». «Lo que debería ser urgente para el Gobierno es potenciar los centros de acogida, que deben estar preparados para asistir a los migrantes y solicitantes de asilo, en particular a los grupos vulnerables», reclamó. E instó a Meloni a jugar «un papel decisivo» en Europa para promover «políticas pragmáticas, humanas y respetuosas del derecho internacional».

La CGIL, el mayor sindicato italiano, tachó de «propaganda» la declaración de emergencia, que ve «desproporcionada e inútil». También la criticó el Partido Democrático, principal fuerza de la oposición de izquierdas, mientras que se mostró esperanzado Filippo Mannino, alcalde de Lampedusa. En el centro de acogida de esta pequeña isla italiana en medio del Mediterráneo se hacinan más de 1.200 personas, aunque solo tiene capacidad para 400. Mannino deseó que la normativa facilite «el traslado inmediato de los inmigrantes a tierra firme, donde sea posible ofrecerles una asistencia adecuada».