Ferrovial llega a la junta con más apoyos amarrados para su traslado a pesar de la presión del Gobierno

● El respaldo repentino del fondo soberano noruego facilita la validación del cambio de sede a Países Bajos tras las sucesivas advertencias de varios ministros

MADRID. Ferrovial afronta este jueves su junta más decisiva de las últimas décadas en la que sus accionistas decidirán si avalan el cambio de sede social de España a Países Bajos. Lejos de la tranquilidad con la que la constructora solía cumplir con este encuentro anual, el de este año viene condicionado por varios giros inesperados que se han sucedidos en apenas 72 horas.

El lunes, el Ministerio de Economía remitió una carta al grupo apuntando que no existen razones para su traslado. Ayer, el fondo noruego Norges, propietario de un 1,5% de la constructora, decidió cambiar repentinamente de opinión al anunciar que finalmente dirá ‘sí’ al cambio de sede. Y lo hizo tan solo un día después de indicar que se negaría a ello durante la junta.

En todo caso, el giro del fondo soberano no es crucial para que el consejo de administración de Ferrovial consiga que una mayoría de los accionistas (sobre el quórum que hoy acuda a la junta) avale el traslado de sede de Madrid a Ámsterdam. Sin embargo, sí supone un apoyo más que el presidente del grupo, Rafael del Pino, se asegura junto al resto de grandes propietarios ya proclives a la operación planteada a principios de marzo.

Ferrovial llega a su reunión anual sintiendo la respiración del Gobierno en la nuca como no lo había notado durante todo este proceso desde que anunció sus intenciones. A la misiva del Secretario de Estado de Economía se ha unido una avalancha de declaraciones de los ministros, advirtiendo en algunos casos e indicando en otros, sobre las consecuencias de la operación para la imagen de España y el futuro fiscal de la propia empresa.

Ayer fuel el turno del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien afirmó que los socios de Ferrovial tienen derecho a conocer las ventajas e inconvenientes de la operación. Sigue así la senda anticipada por Economía en su carta, en la que instaba al consejero delegado de Ferrovial a informar a los accionistas en la junta sobre las opciones que tiene la empresa más allá de su intención de trasladarse, dado que el Gobierno estima que no hace falta irse a Países Bajos para poder operar en los mercados de EE. UU.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, le respondió que «presionar» a Ferrovial para que no se traslade a Países Bajos «no es la forma más adecuada» de conseguir que se quede. En este sentido pidió un «respeto profundo» a la decisión de una empresa privada, cuya mudanza está «perfectamente clarísimo que se puede hacer» desde el punto de vista legal. «Creo que hay que tener un respeto a lo que la compañía está planteando», insistió.

El día después, aún más clave

El primero que votará a favor del traslado será el propio presidente, a través de la sociedad Rijn Capital, con un 20,4% de la sociedad. También lo hará su hermana María, dueña de otro 8,2%. Lo mismo que el fondo británico TCI (The Children’s Investment Fund), tercer mayor accionista del grupo de infraestructuras con un 5,5%. A todos ellos se sumará Norges, así como la recomendación hecha por las asociaciones de accionistas minoritarios, partidarias de apoyar el traslado.

Aunque la opinión de éstas no es vinculante para los pequeños propietarios, sí se ve un respaldo fundamental de cara la votación. Pero en contra se ha mostrado otro de los integrantes de la familia Del Pino: Leopoldo que, con un 4,2% del capital, ya ha anticipado que votará no a ese traslado si no se garantizan determinadas condiciones.

Si bien es previsible que Ferrovial consiga una mayoría de votos favorables en la junta, el verdadero reto del cambio de sede comienza un minuto después de que finalice la junta. A partir de ese momento y durante un mes, quienes se hayan negado al traslado pueden acogerse a su derecho a vender sus acciones a la propia multinacional.

Ahí puede comenzar otro calvario, dado que si el número de peticiones de los accionistas supera el 2,5% del capital la operación puede decaer. La constructora ha limitado a 500 millones de euros el importe previsto para sufragar al derecho de separación,