La compañía se blinda de «razones económicas» frente a Hacienda para justificar el cambio de sede

MADRID. La insistencia del Gobierno para que Ferrovial tenga bien forjados sus argumentos para trasladar su sede social de Madrid a Ámsterdam ha activado todos los resortes de la compañía a través de varios despachos profesionales que trabajan en una adecuada exposición de motivos para mudarse a Países Bajos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió de nuevo ayer en que la multinacional puede poner en riesgo las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones, recogidas en el impuesto sobre sociedades, porque «la legislación es clara». «Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa», advirtió. «Es lo que dice la ley, sin que eso implique en ningún caso que se tenga que trasladar a este supuesto concreto porque en el momento oportuno, cuando la Agencia Tributaria conozca la situación real y concreta, ésta tendrá que valorar si las razones de la compañía son o no las que se corresponden con la legislación vigente», aclaró.

El grupo constructor y concesionario ha insistido desde que anunció su decisión en que se trata de un traslado analizado y valorado técnicamente por el consejo de administración. Y ha añadido que no se trata de una decisión contra el Ejecutivo, ni contra la economía española.

Sin embargo, la empresa ha encargado a varias consultoras diferentes tipos de informes para poder justificar adecuadamente este cambio de sede social. El Consejo General de Economistas (CGE) apunta que si al final la Agencia Tributaria investiga la operación y concluye que no existen «motivos económicos válidos para llevarla a cabo» –es decir, solo serían fiscales–, Ferrovial podría afrontar un castigo impositivo del 25% sobre las plusvalías latentes de sus activos. No obstante, la empresa dice tener más de 70 razones para justificar su cambio de sede social.