El presidente acelera la ley de vivienda para adelantarse a las trabas de las comunidades

● El Gobierno, que mantiene su pulso con el PP, se abre a negociar pisos con los grandes fondos

MADRID. El Gobierno pisa el acelerador para aterrizar la nueva ley de vivienda en las comunidades autónomas. El objetivo es claro: cuanto antes se ponga todo el instrumental técnico en marcha para que la norma sea operativa, más complicado les puede resultar a los gobiernos de los territorios críticos con el texto optar por no aplicarlo o incluso recurrirlo al Constitucional –de ello han avisado algunos del PP que harán por entender que se inmiscuye en sus competencias, al igual que el lendakari vasco–.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran que el objetivo es aprovechar el ‘lapsus’ temporal de las elecciones municipales de mayo para avanzar en la definición del nuevo índice de precios que marcará los alquileres. Los técnicos llevan casi un año y medio trabajando en este indicador al que se referenciarán los contratos de grandes y pequeños propietarios que no hayan estado en el mercado en los últimos cinco años en zonas tensionadas. El objetivo es tenerlo listo en cuestión de meses. Así, los gobiernos que salgan de las urnas podrán iniciar «cuanto antes» los trámites para la declaración de tensionada. Es más. Con la ley en marcha, incluso Cataluña (que no celebra elecciones este año) podría homologar el índice que ya se emplea en la región.

El Ejecutivo explica que el nuevo indicador se está elaborando con datos de la Agencia Tributaria, incluidas las declaraciones de la renta que se presentan de aquí a finales de junio. Pero también tendrá en cuenta «particularidades de cada vivienda», como las reformas acometidas, el certificado de eficiencia energética, y otras variables como la altura, las vistas o la accesibilidad. Todo esto marcará la referencia del precio por metro cuadrado al que se podrá alquilar.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volvió a criticar ayer que esta es una ley «intervencionista, populista y no seria» y que «intervenir los precios funciona mal» porque, a su juicio, disminuye el número de viviendas. En un acto con afiliados del PP en Tarragona, centró de nuevo su discurso en las ocupaciones. «Comprarse una vivienda es muy difícil (...) hay que preservar ese esfuerzo», afirmó, para añadir: «Lo que queremos decir claramente es que estamos con los vecinos a los que se les ocupa su vivienda». El líder de los populares afeó que la nueva ley no atienda este problema. «No se puede usar a vulnerables para justificar la ocupación, porque la mayoría de los ocupas no son familias vulnerables», indicó.

Solo grandes propietarios

Fuentes del Ministerio de Transportes recuerdan que, en lo relativo a la ocupación, la norma solo aplica a los grandes propieta