Pilar Garrido «Los disgustos nos pesan, pero no tanto como para salir del Gobierno»
La diputada de Unidas Podemos y negociadora de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda afirma que Sánchez «nos hace caso»
«Muy contenta» por la aprobación de una ley de vivienda en cuyas arduas negociaciones ha estado sumergida tres años y que en algo sutura la herida por la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’, Pilar Garrido (Badajoz, 1966), ponente en el Congreso del proyecto de ley del Gobierno y diputada por Guipúzcoa de Unidas Podemos, sitúa la norma como ejemplo de la capacidad de arrastre de su grupo en el Ejecutivo con el PSOE. No da por finiquitada la legislatura, con iniciativas pendientes como la regulación sanitaria o la de familias. Y tampoco ve en peligro el bloque de investidura, aunque sí traza una línea nítida entre los socios de izquierdas y «la derecha nacionalista».
¿Cuánto ha pesado la proximidad electoral en la ratificación de la ley de vivienda?
Bueno, hay que reconocer que eso influye. En Unidas Podemos habríamos estado felices de que hubiera estado aprobada hace seis meses. Pero nos ha venido muy bien la precampaña, porque ha empujado la ley y el presidente del Gobierno, por fin, está haciendo bandera de que se haga real y efectivo el derecho a la vivienda. O sea, que bienvenido sea el tirón electoral. El acuerdo de Gobierno tiene muchos puntos, pero uno esencial era esta ley, hasta el punto de que colocamos como línea roja en dos Presupuestos Generales que siguiera adelante. La defensa del derecho a la vivienda ha estado y está en el ADN de Podemos.
¿Llegaron a temer que no prosperara?
Sí, sí, hay que ser sinceras. En muchos momentos, el ala más liberal, por decirlo de alguna manera, del PSOE y cuya cara más visible es la vicepresidenta Calviño no estaba de acuerdo con algunos de los elementos básicos de la ley como la contención de los precios de los alquileres abusivos en las zonas tensionadas. La tuvo bloqueada en la última etapa. Así que sí, la ley ha estado pendiente de un hilo.
¿Qué habría ocurrido si después del varapalo para ustedes de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ esto no hubiera prosperado? ¿Podría haber sido el detonante para romper la coalición?
Habría sido un fracaso, lo habría sido en el avance en derechos. Un chasco con el que nos habríamos sentido bastante mal. A partir de ahí, a Unidas Podemos nunca se le ha pasado por la cabeza salir del Gobierno. Y menos en una situación difícil, en la que todavía podemos hablar de crisis en distintos aspectos. Somos necesarios en la recuperación de derechos y en la construcción del escudo social. Que las viviendas de la Sareb pasaran a los parques públicos de las comunidades autónomas era algo como de cajón de pino ante una situación, además, de emergencia habitacional. La respuesta de los socialistas fue que no se podía. Hasta que al final, tras insisitirles, ver la situación y que estamos en campaña, se decide la medida. Eso no habría pasado sin Unidas Podemos en el Gobierno.
¿Y no tienen la sensación de que el presidente les acaba robando la cartera argumental?
(Ríe) Tenemos la sensación de que, al final, el presidente nos acaba dando la razón. Es verdad que una vez que lo hace y se toma la medida en cuestión, pues es él quien se pone la medalla. Pero bueno, es lo que toca. Muchas veces estamos disgustadas al ver que no avanzamos en aquellos asuntos que están en el acuerdo político –no pedimos cosas extrañas– y hay una cierta frustración. Eso pesa, pero desde luego no tanto como para salir jamás del Gobierno. Somos una fuerza política responsable y sabemos que si no estamos en el Gobierno los avances sociales y el bienestar de la ciudadanía, que es lo más importante, estarían en juego. Y no vamos a permitirlo.
¿Es posible, como dicen, cambiar el paradigma de un problema endémico como el de la vivienda con una ley que ha salido con casi la mitad del Congreso en contra, con división en el bloque de investidura y con las comunidades del PP amagando con recurrir al Constitucional?
Tenemos un histórico que es muy diferente al de otros países europeos. En España no se han hecho políticas públicas de vivienda, sino política económica sobre la vivienda. El mejor ejemplo es la VPO, pisos con el dinero de todos que luego se han vendido en el libre mercado; y todos los ciudadanos que han podido dar el pelotazo lo han dado porque se les permitía. Hay un cambio de paradigma en el sentido de que esta ley piensa en la vivienda como un derecho y un bien de primera necesidad. ¿Lo va a cambiar todo? Pues no. Esta ley simplemente supone que el buque del Estado gira y va en la dirección correcta, la que marca la Constitución. La vivienda no puede ser una mercancía más. Se puede hacer negocio con la vivienda, sí, pero no especular con un bien de primera necesidad. La especulación es el cáncer que devora nuestras ciudades
Una de las críticas más frontales a la nueva normativa es que empodera al inquilino con respecto al arrendador y que ello puede acabar desmotivando a los propietarios a alquilar.
Es un bulo que esta ley deje desvalido al propietario. Lo que intenta es equilibrar los poderes. En el caso de los desahucios, se busca impedir los de las familias vulnerables sin alternativa habitacional, pero es que a veces el propietario también está en una situación parecida. Lo que se le va a pedir al juez es que haga ese juicio de proporcionalidad.
Usted no es nacionalista.
¡No! (Ríe)
¿Cuánto ha tenido que pelear con ERC y con Bildu para que la norma quedara en el marco estatal que defienden ustedes?
Es verdad que los nacionalistas, a veces, ven en cualquier acción del Estado una invasión de competencias. Esta ley las respeta, y por eso hemos trabajado de una manera conjunta a fin de llegar a una redacción en la que ellos se sintieran más a gusto, sin perder, claro está, el objetivo común de la norma. Lo que nos falta es un fondo presupuestario. El presidente dice que va a hacer miles de viviendas... Ya, ¿pero cuántos recursos económicos vamos a invertir? En España estamos en el 0,2%, cuando la media europea es del 1,5 o el 2%. Apostamos por llegar al menos al 1%.
¿Cómo se conjuga que el Gobierno haya salvado la ley con dos formaciones independentistas y, al tiempo, el soberanismo del PNV, el PDECat y Junts voten en contra por vulneración de competencias autonómicas?
Se entiende muy bien cuando ves que esta ley divide a la izquierda y a la derecha. El PNV, que es un partido de derechas, estará aliado con las derechas, igual que el PDECat y Junts, cuando se trata de proteger los privilegios de las oligarquías económicas. El mantra de la invasión competencial sirve de paraguas para no discutir del contenido de la ley. El autogobierno no es una bandera, es una herramienta. Y si el Estado puede empujar lo que tú no puedes, pues bienvenido sea.