La vivienda
La Sareb podría haberse aprovechado para fomentar el alquiler social, pero para eso era necesaria una ley muy bien estudiada y madurada, y a poder ser consensuada
El presidente del Gobierno, señor Sánchez, anunció a bombo y platillo un plan para movilizar con destino al arrendamiento 50.000 viviendas de la Sareb, pero como alguien ha debido de hacerle alguna advertencia acerca de que esta entidad, creada el 25 de agosto de 2012, tenía por finalidad la gestión de los activos tóxicos inmobiliarios que lastraban los balances de los bancos, es decir una finalidad puramente económica, que debía producir una rentabilidad media entre el 14% y el 15% para los socios, y como esta gestión ha conducido a que actualmente los inmuebles de este llamado banco malo que han quedado listos para entrar a vivir solamente sean alrededor de 9.000 pisos, según ha declarado la ministra Calviño, entonces Sánchez ha cambiado de idea.
Este banco fue muy criticado y yo humildemente me limité a apuntar en HERALDO, el 13 de diciembre de 2012 (‘El urbanismo y el banco malo’), que sería un error histórico no saber aprovechar el citado organismo para que, además de la misión que le marca su estatuto fundacional, pudiera ayudar a regular los precios del suelo y la vivienda y también para impulsar el arrendamiento de viviendas (no solo la reserva para arrendamiento social que sí preveía) en general y para modificar la ratio venta/arrendamiento que viene siendo prácticamente inversa a la que rige en general en Europa, sin que esta y otras sugerencias críticas hayan sido escuchadas.
Por todo ello, a los pocos días el presidente ha vuelto a prometer otros 43.000 pisos para las mismas finalidades. Pero no solo eso, sino que además el señor Sánchez, en su comparecencia en el Senado, volvió a prometer la creación de 20.000 nuevos pisos sociales. Este espectáculo que ha dado el presidente, actuando como un mago que va sacando de su chistera uno tras otro miles de conejos (pisos), no es de recibo, porque el problema de la vivienda es asunto muy serio y muy complejo que se debe intentar resolver con una ley muy estudiada, no por el sistema de urgencia pensado a la vista de las inmediatas elecciones; y, a ser posible, consensuada con todos los estamentos intervinientes en el total proceso inmobiliario, agravado por la situación económica que afecta a muchos jóvenes en España que no pueden llegar a pagar ni tan siquiera el precio más bajo de los arrendamientos actuales.
Cuando podamos leer en el BOE el texto final de la ley estatal por el derecho a la vivienda que el Gobierno ha acordado con ERC y con Bildu para sacar adelante por el procedimiento de urgencia antedicho, podremos estudiarla, comentarla y criticarla en lo que proceda.