O cooperamos o nos destruimos
Ante las múltiples crisis que padece España, la única respuesta sensata pasaría por los grandes acuerdos de Estado. Pero los políticos se dedican exactamente a lo contrario
La crisis que padecemos es estructural, casi biológica. No es producto sólo de una mala legislatura o de unos pactos ‘contra natura’. Viene de años, de décadas y, en algunos casos, casi de siglos. Afecta a todo el entramado institucional, a la economía, al Estado del bienestar, al pan nuestro de cada día, al presente y al futuro. Y lo seguimos mirando desde el pasado que divide y enfrenta. Está dañando casi todo. Casi nada se puede hacer desde la soledad o desde el acompañamiento de quienes buscan el enfrentamiento en uno o en otro lado.
El problema del agua no afecta únicamente a Doñana, sino a todo el campo, a la desertización creciente, a la vida cotidiana. No es sólo un problema de regadíos irregulares, de sequías pertinaces, de fugas incontroladas, de consumos excesivos o de rechazos a trasvases. Es un problema gravísimo que exige un acuerdo nacional y unas medidas para los próximos veinte o cuarenta años.
La vivienda va por el mismo camino. Nos inventamos ahora cincuenta, cien mil, doscientas mil viviendas imposibles de construir o de ocupar en un plazo corto –el «milagro de los panes y los pisos», que ha dicho Feijóo con acierto–, porque durante años apenas hemos construido viviendas sociales. Victimizamos a los propietarios, les obligamos a hacer cosas que corresponden a los ayuntamientos, a las autonomías y al Estado, y, encima, damos alas a los ‘okupas’. ¿Para cuando un pacto nacional sobre la vivienda, alejado de las promesas y las citas electorales?
Las Administraciones Públicas funcionan mal y hasta es difícil conseguir una cita –SEPE, Seguridad Social–, tienen falta de funcionarios o están usadas políticamente –INE, CIS–, no se renuevan cuando toca –el Poder Judicial, sí, pero también, por ejemplo, la
Agencia Española de Protección de Datos– o tienen problemas graves –el Instituto Cervantes, el CSIC– o un índice de absentismo un 29% superior a la media o un 31,4% de temporalidad, 13 puntos más que en el sector privado. Y nadie se atreve a emprender una reforma pactada que la modernice, la digitalice, la haga más eficiente en el servicio a los ciudadanos y no a los políticos que la mandan.
La sanidad empeora todas sus cifras –y no es Madrid la que tiene peores datos o más listas de espera– y aunque hay un acuerdo de casi todos los grupos parlamentarios sobre lo que hay que hacer, nadie hace nada y todos siguen peleándose y faltando al respeto a los excelentes profesionales que la sostienen. El pacto de Estado ni está ni se le espera.
La Justicia, la que afecta a los ciudadanos, exige otro pacto, de momento imposible. A la huelga de los secretarios judiciales se ha sumado ahora la de los funcionarios –45.000– y ya está anunciada la de los jueces y fiscales y –la que más justificación tiene– la de los abogados del turno de oficio, que llevan décadas maltratados por quienes nos gobiernan sean del PP o del PSOE. Desde marzo hasta junio, sin decenas de miles de juicios, sin decisiones que afectan a matrimonios, pensiones, indemnizaciones, despidos... Un desastre que demuestra que a los políticos no les importa la Justicia sino controlar a los jueces que pueden juzgarles a ellos.
Y no digamos nada de la hemorragia legislativa. En 2022, el BOE ha publicado un total de 1,3 millones de páginas, la cifra más elevada en once años, un 22% más que en 2021. 849 leyes estatales, 2,5 por día. Las autonomías son las culpables del 80% de esa borrachera de nuevas leyes, decretos, reglamentos, reformas, etc. Y encima, cuando hacen algunas leyes importantes lo hacen mal. ¿Seguridad jurídica? Es casi imposible estar al corriente de tanto cambio.
Por eso es imprescindible la cooperación, el acuerdo, los pactos. No se puede gobernar para media España ni en contra de la otra media en asuntos en los que nos jugamos el presente y el futuro. Eso solo lleva al suicidio. Y parece que eso es lo que algunos buscan.