Retos de la movilidad sostenible
Queremos movernos con libertad, en vehículos que contaminen menos (o nada) sin renunciar a vivir en ciudades hiperconectadas. Para conseguirlo, hay desafíos por superar, como refleja el IV Observatorio de la Movilidad en España
España debe rejuvenecer su parque automovilístico, que en 2022 se situó de media en los 14 años. Un 30% de los ciudadanos están dispuestos a no ser propietarios de un vehículo de combustión y sustituirlo por el uso de servicios compartidos, mientras que un 40% se ha planteado dejar su vehículo convencional para emplear transportes de movilidad urbana como la bicicleta o el patinete. Para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), es preciso multiplicar por 25 los 15.000 puntos de recarga que existen actualmente hasta alcanzar los 350.000 previstos.
Estos datos y afirmaciones forman parte del contenido del cuarto informe del Observatorio de la Movilidad Sostenible en España, elaborado por la consultora Grant Thornton en colaboración con la Fundación Ibercaja y Mobility City, que en poco tiempo se está convirtiendo en un auténtico referente en el análisis de la evolución de la industria del automóvil y lo que le rodea así como en el estudio y seguimiento de las alternativas que tenemos para desplazarnos de un sitio a otro. Con la apertura del Pabellón Puente de Zaha Hadid de Zaragoza, el protagonismo de Mobility City va a más y mejora su posicionamiento como punto de encuentro para conocer, debatir y proyectar a futuro todo lo que tenga que ver con la movilidad, como se puso de manifiesto el pasado jueves, en la presentación de la nueva edición del Observatorio.
Para pulsar la opinión del mercado y de los principales actores que conforman el universo de la movilidad en España, Grant Thornton y la Fundación Ibercaja, a través de su proyecto de Mobility City, desplegaron una encuesta de opinión entre directivos y líderes empresariales para obtener una visión cualificada sobre el futuro a corto y medio plazo de la movilidad sostenible en el país.
De esas cualificadas opiniones se concluye que hay mucho por hacer si queremos conseguir que la movilidad sea un derecho fundamental que se base en la premisa de que todas las personas deberían tener acceso a opciones de transporte seguras, eficientes y sostenibles, independientemente de su situación económica y geográfica.
Entre las cosas que hay que hacer está la que alude a la falta de infraestructuras de recarga para automóviles eléctricos, sin duda una de las causas de que los vehículos enchufables sean aún poco populares en España. A diferencia de otros países del centro y del norte de Europa, aquí esta cuestión está muy lejos de solucionarse. Bien saben de esto en el grupo Stellantis, donde constatan que sus coches eléctricos, como la correspondiente versión del Opel Corsa que se ensambla en Zaragoza, se venden más en países con facilidades para la recarga que en nuestro territorio.
Otra de las conclusiones del estudio de Grant Thornton está relacionada con la movilidad intermodal sostenible, que –dice el texto– «debe integrar al ciudadano en el centro, el cual utiliza distintos modos de movilidad (transporte público, coche, furgoneta, peatón, patinete, bicicleta, etc.) en función de sus necesidades y circunstancias, siempre que sean crecientemente sostenibles». Integrar esas formas de transportarse en soluciones de futuro, compaginando lo más positivo desde el punto de vista medioambiental con las necesidades sociales (accesibilidad, habitabilidad y seguridad) y económicas (teniendo en cuenta que el transporte genera actividad y empleo) debe ser fundamental, apuntan los expertos.
Mejorar la colaboración público-privada es otro de los desafíos que tenemos por delante para acelerar la transición del sector, dice el estudio. Por ello reclama que se potencien iniciativas que refuercen los proyectos que contribuyan a la transformación de la economía española. «No solo es un deber de las administraciones públicas tomar ese liderazgo», recoge el informe de Grant Thornton en referencia al impulso de una nueva era en movilidad. «También las empresas privadas pueden ayudar y acelerar esta necesidad de cambio», indica, tras asegurar que se trata de «un mandato de los ciudadanos».