La huelga judicial se acerca tras fracasar la cita con el ministerio
● Las partes se emplazan a mañana tras la nueva oferta del Gobierno de destinar 46 millones, 1,5 más, a subir el sueldo de jueces y fiscales
MADRID. La conflictividad laboral en la Administración de Justicia va camino de inflamar la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Si el Gobierno no lo remedia esta semana con una oferta económica que satisfaga las pretensiones de jueces y fiscales, la huelga indefinida que alientan cinco asociaciones profesionales a partir del próximo martes está servida.
El motivo es el fracaso de la segunda reunión de la mesa de retribuciones celebrada ayer en la sede del Ministerio de Justicia, pese a la «buena voluntad» entre las partes, según reconocen fuentes jurídicas. Las posturas siguen alejadas entre lo que ofrece el Ejecutivo –unos 46 millones de euros en subidas salariales (1,5 millones más que la primera propuesta del pasado miércoles)– y lo que piden los togados tras perder un 20% de poder adquisitivo desde 2004 o no recuperar el 4,7% de su salario base en 2010 a raíz de los recortes del Gobierno del PP a los funcionarios.
Y no solo eso, a la factible huelga indefinida de jueces y fiscales impulsada por cinco de las siete asociaciones (Jueces y Juezas para la Democracia o la Unión Progresista de Fiscales no se han unido de momento) se suman los paros diarios señalados en plena campaña por los sindicatos que representan a los funcionarios de la Justicia, unos 45.000, quienes amenazan también con provocar una avería seria en los juzgados y tribunales de todo el país si no avanza su negociación paralela con el departamento dirigido por Pilar Llop para incrementar sus salarios.
Se trata, en suma, de un panorama desolador para los usuarios de la Administración de Justicia si el Gobierno no afloja la cartera (necesitaría unos 240 millones para neutralizar la conflictividad laboral). Una precaria situación que coincide con la lenta recuperación de la normalidad de la actividad tras los dos meses de huelga indefinida de los letrados judiciales. Un paro que provocó la suspensión de unos 356.000 juicios y vistas hasta que se rubricó el acuerdo con los ministerios de Justicia y Hacienda a finales de marzo. Este pacto, que abrió la puerta al resto de reivindicaciones de los actores judiciales, incluidos los abogados del turno de oficio, supuso un aumento de entre 430 y 450 euros brutos al mes en la nómina de los 4.200 integrantes de este Cuerpo Jurídico Superior.
Repartos y opciones de pago En el caso de los 8.300 jueces y fiscales, los negociadores han vuelto a quedar mañana a partir de las 16:00 horas para tratar de llegar al menos a un preacuerdo, ya que Justicia y Hacienda ya conocen qué reclaman sus colectivos profesionales y estos tienen que explicar a sus afiliados qué ofrece el Ejecutivo. En este sentido, en línea con la «absoluta voluntad negociadora» transmitida por el presidente Pedro Sánchez la pasada semana, los altos cargos ministeriales plantearon ayer incrementar su propuesta global en 1,5 millones (de 44,5 a 46 millones), ofrecieron nuevos términos para su reparto y dieron tres opciones de pago a sus interlocutores.
La primera contempla un mayor aumento de sueldo para los que menos cobran frente a los que más dinero perciben. La segunda iguala la subida a ambos colectivos y la tercera ofrece un poco más de dinero a la élite judicial que a los jueces y magistrados rasos. En total, son subidas que van desde los 350 euros hasta los 490. La primera cuantía afecta a unos 1.600 jueces que tienen ya nóminas medias de 4.500 euros brutos mensuales y a los 4.000 jueces restantes que están por debajo se beneficiarían de entre 460 y 490 euros al mes. Esta propuesta, no obstante, se queda «por debajo» de las demandas iniciales de las asociaciones que han convocado la huelga y que reclaman más de 500 euros mensuales de subida media.
Según explican fuentes presentes en la reunión, la voz cantante y, sobre todo, las mayores exigencias de la negociación con los representantes del Gobierno la está llevando la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo conservador mayoritario en la carrera judicial, donde la mitad de los 5.600 jueces y magistrados pertenecen a algún grupo. Mañana sigue la negociación con las espadas en alto.