Bruselas urge ante el Rey a renovar el CGPJ antes de que España presida la UE

MADRID. Recurre a un medido lenguaje comunitario, pero la Comisión Europea no ceja en su advertencia de que España no está respondiendo a los cánones más homologables de la Unión Europea al llevar ya más de cuatro años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tampoco en su empeño de que el PSOE y el PP encaucen de una vez la actualización del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Hay una fecha cada vez más próxima en el horizonte para esa reclamación convertida ya en recurrente: el 1 de julio, momento en el que España asumirá la presidencia por turno de la Unión. En ello incidió ayer el comisario de Justicia, Didier Reynders, el interlocutor con el Gobierno y los populares desde que el bloqueo en el Consejo pasó de ser un pulso nacional a convertirse en un malestar europeo. No hubo nada apenas nuevo en su reconvención más allá de incrementar la presión sobre los dos grandes partidos españoles, salvo que lo hizo ante el Rey.

Reynders y Felipe VI coincidieron en un acto en Madrid organizado por la World Jurist Association. En ese marco dotado de solemnidad por la presencia real, el comisario reiteró que sería «positivo» que el CGPJ fuera renovado ya, tal y como las instituciones comunitarias llevan tiempo requiriendo, y que el obligado consenso entre el PSOE y el PP llegara antes de que España presida la UE. Un liderazgo que puede venir preludiado por un nuevo informe de Bruselas crítico sobre la situación del Estado de derecho en el país.

El representante belga, cuyas palabras fueron interpretadas por los socialistas como la evidencia de que el PP tiene que volver a la negociación que abandonó al sentirse engañado por la supresión del delito de sedición, incidió también en que es preciso variar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para adecuarlo a «los estándares» despolitizados de la UE; pero siempre después de lo prioritario, la renovación. Bruselas deja por ahora en amago la posibilidad de castigar a España. Reynders recordó que cuando el diálogo no fructifica con los estados concernidos, pueden adoptarse medidas como las impuestas a Polonia y Hungría.