Feijóo marca perfil propio frente a Ayuso y Vox al considerar inviable la ilegalización de Bildu
MADRID. El debate en el PP estaba zanjado mucho antes de que la Fiscalía General cerrara ayer la puerta a la ilegalización de EH Bildu por llevar a 44 condenados por terrorismo en sus listas tal y como le había solicitado Jucil, la principal asociación profesional de la Guardia Civil. La dirección nacional considera que instar a la ilegalización de la coalición aberzale a través de la Ley de Partidos, como pide Isabel Díaz Ayuso y defiende también Vox, es un «brindis al sol» además de un planteamiento poco serio, dado que la norma está pensada con una banda terrorista en activo y ETA renunció a la actividad armada hace doce años.
El equipo jurídico del PP lleva días estudiando las posibilidades de actuar contra las candidaturas de Bildu, pero su ilegalización no ha estado entre las opciones encima de la mesa por más que la presidenta de la Comunidad de Madrid insista en que es necesario explorar esta vía que, en 2003, permitió proscribir a Batasuna. «Con la legislación actual –reiteran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo–, eso no encaja». Cosa distinta sería un cambio legislativo para exigir un plus de elegibilidad que garantice candidaturas éticas, un debate que en todo caso los populares ven complejo porque no sólo afectaría a la ley electoral sino también a la Constitución.
Díaz Ayuso no comparte esa opinión y tampoco lo oculta. Ayer se volvió a desmarcar de la posición oficial de Génova. «Yo creo que la ley se debería revisar, que deberíamos intentarlo. No es ir en contra de la ley ni retorcer las instituciones. Es entender que partidos que ya no solo han cometido los más graves delitos, sino que han viciado los censos del País Vasco, no pueden concurrir en elecciones», lanzaba en un acto en Madrid en presencia del presidente de PP vasco, Carlos Iturgaiz, con quien hará campaña este fin de semana en Bilbao.
La dirigente autonómica apela al artículo 11 de la Ley de Partidos como forma de ejecutar la ilegalización de la formación independentista vasca para instar a las dos
Cámaras a que «inicien esos trámites en la sala competente». Según la normativa, para poner en marcha ese proceso, que deberá contar con la deliberación del Consejo de Ministros, hay que presentar una demanda ante la Sala Especial del Tribunal Supremo. «Bildu no son los herederos de ETA; es ETA. La organización está viva», llegó a aseverar Díaz Ayuso despertando con ello las críticas de víctimas de la banda. «Es la banalización en estado puro», le espetó en Twitter la presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, cuyo hermano, Gregorio, era concejal del PP cuando fue asesinado por la banda armada.