El jurado necesita más tiempo para decidir si los dos mandos de la Policía van a prisión
● La deliberación comenzó ayer, pero la complejidad del caso y las 58 preguntas que tiene que responder el tribunal popular harán que el veredicto se conozca hoy
ZARAGOZA. El jurado encargado de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los dos mandos de la Policía Nacional acusados de apropiarse de 377 botellas de licores y vinos de primeras marcas, así como de 319 efectos, desde ropa hasta cosméticos, depositados en dependencias de la Jefatura Superior de Aragón, necesita más tiempo para emitir su veredicto. Las cinco mujeres y los cuatro hombres que integran el tribunal popular empezaron a deliberar ayer por la mañana, pero la complejidad del caso y las 58 preguntas del objeto del veredicto –a las que deben responder de forma argumentada para concretar los hechos probados de la sentencia– les impidieron concluir ayer su trabajo.
La Ley del Jurado determina que, en aquellos casos en los que sea imposible emitir un veredicto tras una primera jornada de deliberación, las nueve personas que conforman el tribunal permanecerán aisladas hasta el día siguiente. Por ello, al comprobar que ayer a las ocho de la tarde los jurados seguían revisando vídeos y poniendo en común sus puntos de vista, la magistrada-presidenta, Pilar Lahoz, optó por dar por concluida la primera sesión de trabajo y enviar al tribunal popular a cenar y dormir a un hotel. De tal forma que será hoy a las 9.30 cuando retomen la faena para intentar emitir un pronunciamiento.
No es habitual que un jurado alargue su deliberación más allá de un día, pero tampoco es la primera vez que sucede en Zaragoza. Seguramente, las acusaciones y las defensas darán interpretaciones distintas a lo sucedido. Para las primeras, podría significar que el tribunal está apuntalando sus argumentos para evitar que su decisión pueda ser impugnada. Sin embargo, los abogados que defienden al inspector jefe de la Brigada Móvil y exresponsable de la de Seguridad Ciudadana, Enrique G. B., y al que fuera responsable de facto del Grupo de Hurtos, el subinspector Rafael
A. P., podrían concluir que el jurado tiene dudas. La Fiscalía y el abogado Marco Antonio Navarro, en nombre del sindicato Jupol, piden 3 y 6 años de prisión, respectivamente, para los encausados como presuntos autores de un delito de malversación, o subsidiariamente, de apropiación indebida. Las defensas, a cargo de Enrique Esteban y Pilar Sangorrín, aseguran que sus clientes son inocentes y están en el banquillo por culpa de un «complot».