El pacto con la mayoría de los colectivos de jueces y fiscales salva al Gobierno de una huelga inédita
● Solo la conservadora APM, que no aclara si continuará adelante o no con el paro en solitario, se desmarca del acuerdo que sitúa la subida salarial en 46,7 millones
MADRID. El Gobierno ha salvado ‘in extremis’ el riesgo de una huelga de jueces y fiscales, que no habría tenido precedentes como tal, en la última semana de campaña electoral hacia los comicios municipales y autonómicos de este 28 de mayo. No habrá parón generalizado en juzgados y tribunales tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, en la decisiva reunión celebrada ayer, por seis de las siete asociaciones sentadas a la mesa con el Ministerio de Justicia de Pilar Llop y el de Hacienda de María Jesús Montero. Solo se ha desmarcado del pacto por «insuficiente» la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de inclinación conservadora, que no ha aclarado si tirará adelante con la huelga en solitario y se ha concedido para «darle una pensada» hasta el martes, cuando se escenificará la firma oficial del documento convenido. Fuentes judiciales ven inviable que la APM libre ya el pulso ante el riesgo de fiasco.
La desactivación de lo que habría sido una bomba de relojería para el Gobierno de Sánchez en la recta final de la campaña, en una Administración tan sensible para el interés ciudadano como la judicial y en medio de la inédita conflictividad que la viene marcando desde comienzos de este 2023, ha sido posible por el consenso final en torno a la contrapropuesta que había trasladado Justicia a sus interlocutores en el encuentro precedente del martes. Es decir, las asociaciones, a excepción de la APM, aceptan el aumento retributivo de 46,7 millones –447 euros mensuales brutos para los 8.800 miembros de la Magistratura y la Fiscalía– que va acompañado, entre otras medidas adicionales, de un refuerzo de 300 plazas este año para aligerar la carga de trabajo de los juzgados ampliable en 2024 y el compromiso de mantener abierto el foro negociador.
Los distintos colectivos profesionales compartían, de manera transversal, la denuncia de que el día a día de la justicia en España afronta una situación poco menos que insostenible por la acumulación de tareas en juzgados y tribunales, que lleva aparejada la queja de quienes ejercen en ellos porque sus salarios permanecieran congelados. Pero aun compartiendo reivindicaciones y acudiendo en bloque a las citas con el ministerio, las agrupaciones no han mantenido una posición unívoca sobre la convocatoria de la huelga a lo largo del proceso negociador.
Ayer, y mientras varios de sus colegas trasmitían la satisfacción por el entendimiento alcanzado, el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, dejó traslucir su incomodidad al atender a la prensa al término del encuentro. Pese a reiterar que lo conseguido se queda corto para lo reivindicado, admitió que su colectivo va a tener que resituarse y «darle una pensada a todo esto», al tiempo que esquivaba el interrogante de si la APM perseverará o no en la convocatoria de huelga. Se trata de una «decisión colegiada», sorteó.
Montante en tres tramos El pacto se ajusta a la última contraoferta de Justicia, que ha situado en los citados 46,7 millones el aumento de las retribuciones, 2,2 más que lo planteado inicialmente y ante el que sus interlocutores han cedido en los 57 que ambicionaban. El montante se ejecutará en tres tramos: el 40% a abonar con carácter retroactivo a 1 de enero de este 2023, otro 40% el mismo día de 2024 y el 20% restante a partir del 1 de julio también del próximo año. Junto a ello y el aumento de 200 a 300 de las plazas judiciales, el ministerio se compromete a crear grupos de trabajo «en un plazo de tres meses» para tratar demandas pendientes como el pago de las guardias, la revisión de los días libres o la operatividad en los juzgados unipersonales en partidos judiciales poco habitados o que aumentan su población en época estival.
La singularidad de una huelga de togados queda reflejada en el debate nada pacífico que sigue suscitando en el constitucionalismo la mera posibilidad de convocarla. España no ha registrado nunca una convocatoria respaldada por el grueso de quienes representan a jueces y fiscales, pero sí existen dos precedentes para los paros: el de 2009, bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y el de 2012, con el PP de Mariano Rajoy en la Moncloa. En ambos, el Consejo General del Poder Judicial negó que los jueces, en tanto poder del Estado, pueda ejercer el derecho a la huelga.