Anticorrupción apunta a que la red pagaba con dinero público

MADRID. La envergadura que va tomando el fraude en Melilla después de la aceptación de esos más de 5.000 votos postales, hizo que este viernes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, encargara a Anticorrupción que asumiera el caso. García Ortiz defendió dejar en manos la Fiscalía especial la investigación debido a la «gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político» de los hechos bajo sospecha por su «pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones del domingo. El decreto detalla que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Policía Nacional «han puesto de manifiesto la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».

El máximo responsable del Ministerio Público precisa que «esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».

«Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma», abunda el fiscal.