Inspectores de Trabajo exigen al Gobierno que cumpla la subida salarial acordada a final de 2021

● Harán huelga la última semana de junio si no les retribuye de acuerdo a la mayor carga de trabajo exigida los últimos años

ZARAGOZA. Indignados y ninguneados por un Gobierno que no cumple los acuerdos que suscribe. Así se sienten los 29 inspectores y 41 subinspectores que trabajan en este organismo en Aragón junto a los 49 que son personal técnico y administrativo. En total, 125 empleados públicos –aunque deberían ser 144, al haber 19 vacantes sin cubrir– que denuncian, igual que sus compañeros de Inspección del resto de España, la «desfachatez» de un Gobierno que hace año y medio suscribió un acuerdo (en noviembre de 2021) con un nuevo RTP (Relación de Puestos de Trabajo) con retribuciones acordes a las mayores funciones exigidas, del que se descolgó este miércoles.

Dispuestos a dar la batalla, no entienden que el Ministerio de Hacienda pretenda incumplir ahora lo aprobado hace año y medio, el 16 de noviembre de 2021, en Consejo de Ministros. Un Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 20212023, que recogía la necesidad de reforzar el papel de este organismo y adecuar los puestos de trabajo (dimensionamiento real de la plantilla, reclasificación, carrera profesional y nuevas plazas) a las mayores responsabilidades que han tenido que asumir. Frente al gran esfuerzo personal que ha supuesto aplicar cientos de cambios normativos durante la pandemia, los ERTE o la reforma laboral, denuncian ahora que el

Gobierno se desdiga de la subida salarial pactada en dicho plan que «supondría un incremento medio de 309 euros al mes en complemento específico y muy por debajo de los 450 euros reconocidos recientemente a letrados, jueces y fiscales», señalan los afectados. Máxime, añaden, cuando a diferencia de esos altos funcionarios del Estado, en la Inspección de Trabajo es variable el 30% de la retribución, es decir, vinculada a la productividad.

No es la primera vez que los empleados de la Inspección se movilizan para denunciar este incumplimiento. Hubo una convocatoria de huelga el 30 de marzo de 2022, que se desconvocó cuando el Gobierno les pidió pacienmente cia. Entonces, se comprometieron los Ministerios de Hacienda y Trabajo, con la Resolución del 22 de abril de 2022, a aprobar la RTP. En diciembre, ante la «inacción ministerial», volvieron a convocar tres días de huelga, que sí se secundaron: uno en diciembre y dos más en enero y febrero. Nadie esperaba que esta semana «el Gobierno dijera que entierra el plan de mejora y modernización de Inspección de Trabajo».

Una decisión que ha levantado ampollas en toda la plantilla, ya movilizada, con paros parciales, de media hora en la actualidad, que irán ‘in crescendo’ cada semana si el Gobierno no cumple y que desembocará la última de junio en una huelga total de este cuerpo administrativo que, tras año y medio sin hacer ruido, le planta cara al Gobierno.

Inspectores, subinspectores y personal técnico y administrativo reclama una subida salarial acorde a la sobrecarga de trabajo de estos últimos años y el RTP acordado con el Gobierno, es decir una estructura y organización acorde a las mayores competencias que tienen y un incremento retributivo ante una realidad del mercado de trabajo cada vez más compleja. Y también, «eliminar la discriminación salarial y que se reconozca que los compañeros de nivel 26 hacen funciones de nivel 27 y que la diferencia no está justificada –hay sentencia del Supremo– y que el nivel de entrada para nuevos inspectores sea el 27 ya que están haciendo las mismas funciones, tal y como están dictando las sentencias tras las reclamaciones presentadas».

Estos empleados públicos recuerdan que «no es un Gobierno serio el que no cumple sus compromisos» y anuncian su intención de dar la batalla hasta que se cumpla el plan pactado. Un plan sobre la «necesidad de organizar mejor los equipos, ofrecer una carrera profesional a inspectores, subinspectores y personal administrativo, crear una subdirección de informática para evitar ciberataques como el ya sufrido, etc, es decir ganar en eficiencia» y «retribuir mejor el esfuerzo de la plantilla de Inspección». Lo que piden es «que se cumpla la ley ordenadora del trabajo de la Inspección aprobada en 2015» y advierten que no aceptarán «chantajes como 100 € al mes por un año que les han ofrecido».