Bronca en las Cortes de Aragón por una fallida declaración sobre los asesinatos de Barbate
PP-Vox y la oposición se responsabilizan mutuamente de la falta de acuerdo Los grupos votaron dos textos alternativos que no lograron la unanimidad necesaria
ZARAGOZA. La fallida declaración institucional de las Cortes de Aragón para condenar la muerte de dos guardias civiles arrollados en Barbate por una narcolancha provocó ayer una bronca política entre PP y Vox y la oposición. Los grupos fueron incapaces de llegar a un acuerdo y se culparon mutuamente de la situación, que llevó a la votación de dos textos alternativos que no lograron la requerida unanimidad.
El portavoz del PP, Fernando Ledesma, responsabilizó al PSOE de «amnistiar a prófugos y delincuentes» y poner «excusas» para no apoyar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, mientras su homólogo de Vox, Santiago Morón, le censuró por «anteponer la defensa del ministro del Interior y de su negligente acción al apoyo y reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
La oposición tampoco se quedó atrás. La socialista Mayte Pérez acusó a los populares de «romper las reglas» y hacer una «utilización indigna» de dos asesinatos para abrir un debate político. Su opinión la compartieron José Luis Soro (CHA) y Álvaro Sanz (IU), quienes llegaron a tildar la actitud del PP de «hipócrita» por «veranear con el narco», en referencia a los viajes de Alberto Núñez-Feijóo junto al narcotraficante Marcial Dorado. «PP y Vox han buscado el descuerdo y atacar al Gobierno central y les ha faltado decir que apoyamos a los narcos», apostilló Soro.
Las diferencias insalvables en la Junta de Portavoces se limitaban a uno de los cuatro puntos de la iniciativa registrada por PP y Vox, en el que se reclamaba al Mide José María García como director general de Avalia por ser marido de la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, y recriminó igualmente que no se haya seguido el procedimiento legal de contratación bajo los principios de publicidad y concurrencia. La misma situación, dijo, ha sucedido con Agustín García Inda como máximo responsable de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA).
Las críticas las lanzó tras preguntar por la rebaja de los requisitos exigidos para la gerencia del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI) con el fin de fichar al exdiputado de Ciudadanos, Javier Martínez, cuando había otros cinco candidatos.
A este respecto, la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Mar Vaquero, se limitó a considerar que el proceso seguido con Martínez fue «adecuado a la normativa aplicable y al procedimiento que lo regula». Así, habló del cumplimiento de los criterios de «idoneidad, mérito y capacidad en un proceso legal con concurrencia y transparencia».
A lo que no se refirió Vaquero es la crítica directa de Gastón a la inexistencia de la misma concurrencia y transparencia para designar a los altos cargos de Avalia y CEPA. Y optó por atacar la gestión previa en el CEEI. nisterio del Interior los medios necesarios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional frente a las bandas criminales. Solo el PAR avaló con su voto el texto de PP y Vox, mientras Teruel Existe y Podemos se abstuvieron.
Por su parte, el PSOE llegó a plantear hasta cuatro textos alternativos, uno de ellos como el aprobado en el Parlamento andaluz. El finalmente sometido a votación recogía los tres primeros puntos de la declaración planteada por PP-Vox, en el que se condenaba el «asesinato» de los guardias civiles, se mostraba la solidaridad con los agentes heridos y las familias de los fallecidos y se reafirmaban el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.
Y el cuarto punto no aceptado por los partidos de la derecha aludía a la misma reclamación de medios, sin citar al Ministerio del Interior, y al «uso institucionalizado de la fuerza que determina la legislación vigente». Esta declaración obtuvo el voto de toda la izquierda, al igual que el PAR, mientras Teruel Existe repitió su abstención.
Inicio de la polémica
La polémica la inició el presidente aragonés, Jorge Azcón, en la sesión de control parlamentario al culpabilizar al PSOE de que no hubiera declaración de condena por un «vil asesinato», lo que provocó el aluvión de intervenciones. En el propio hemiciclo, Mayte Pérez pidió la palabra para leer su texto y contradecir así la afirmación del líder popular, pero la presidenta, Marta Fernández (Vox), se la denegó.
En la sala de prensa, Fernando Ledesma (PP) y Santiago Morón (Vox) culparon de nuevo al PSOE, mientras los portavoces del PSOE, CHA, Teruel Existe e IU lo hcieron conjuntamente para responsabilizar a la derecha.
Andoni Corrales, de Podemos, justificó su desmarque del resto de la oposición con el argumento de que no quería entrar en «las guerras partidistas» de los dos principales partidos.