Ribera convoca al sector de las renovables para regular su expansión
MADRID. El grupo de trabajo anunciado por el Gobierno central para «ordenar» el despliegue de las energías renovables se pondrá en marcha en marzo. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó ayer que se llevarán a cabo nueve sesiones con todos los actores implicados que debatirán, entre otros aspectos, una adecuada redistribución de los beneficios también para el territorio, como viene demandando Aragón en los últimos años.
Ribera recibió de manos de Leire Pajín, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, la ‘Hoja de ruta de las renovables con el territorio’, que refleja el trabajo realizado en los últimos meses para articular una solución consensuada entre las partes en el proceso de despliegue de este tipo de energía por el país.
Ambas coincidieron en la necesidad de acelerar la transición energética hacia fuentes renovables, con más motivo desde la invasión rusa de Ucrania, pero apostaron por hacerlo de la mano de las comunidades locales, afectadas por la instalación de placas solares y molinos de viento.
«Cabe poca duda sobre la necesidad de transformar el sistema energético», aseguró la ministra, que añadió que «también cabe poca duda sobre la importancia de ir de la mano con el territorio, donde hay dudas sobre cómo y dónde se hace».
Ribera defendió el acelerado proceso de conversión tras quedar patente la «dependencia» de Europa del gas ruso, aunque recalcó que España fue el único país que se opuso a que ese proceso se hiciera «por encima de cualquier otra circunstancia», en referencia a la flexibilización de los permisos ambientales. No obstante, el Gobierno central accedió a finales de 2022 a eximir de declaración de impacto a los nuevos proyectos siempre que no se ubicaran en zonas protegidas.
La ministra consideró que las plantas de energía renovables proyectadas en zonas ya ocupadas, como polígonos o ciudades, «están muy bien, pero no son suficientes», por lo que «hacen falta instalaciones de mayor tamaño».
Es ahí donde los promotores buscan grandes extensiones de terreno en las que, como en Aragón, abunden las horas de sol y viento. Para llevar a cabo este proceso sin afectar al interés ambiental, social y económico de las comarcas donde se asientan, Ribera convocó a los implicados a unas jornadas de trabajo que deberán marcar la pauta de la nueva regulación.
Eólica marina
La ministra reconoció que hay «muchos problemas», pero aun así consideró que «es mejor que sacar carbón, inundar valles o tener chimeneas por las que salen gases contaminantes». «Las renovables son la solución que menos impacto tiene», se reafirmó.
Para definir este proceso pidió la implicación de todas las administraciones, pero también de las empresas que están liderando el despliegue de plantas solares y eólicas por el país.
Por otro lado, Ribera anunció que someterá a información pública el proyecto de real decreto que regulará la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 prevé alcanzar hasta 3 GW de eólica marina y hasta 60 MW de otras fuentes renovables marinas hasta el final de la década. Con esta normativa, se impulsará y ordenará un sector hasta ahora poco productivo en materia energética.
En cambio, el Ministerio mantiene bloqueado el decreto por el cual se autorizarán plantas de placas solares flotantes sobre embalses de todo el país, hasta 14 de ellos en Aragón. El Gobierno impulsó esta medida, que fue avalada en el Consejo Nacional del Agua con el rechazo de la DGA, y se encuentra a la espera de desatascar la tramitación.