Asesores de apoyo
Desde 2002 los gobiernos en España han ido aumentando y sumando asesores; cada uno que se constituye nuevo supera los asesores del anterior, hasta los casi 900 y 336 altos cargos en nómina del Gobierno actual, uno de los más costosos de la Unión Europea.
Los asesores son esos cargos de confianza elegidos a dedo, cuya contratación, a costa del erario, sigue multiplicándose como si el Gobierno fuese una agencia de colocación de amigos fieles, y sin que se sepa qué cualificación o formación tienen, ni qué méritos ni capacidades pueden demostrar en relación al objeto de su trabajo, ni se sabe exactamente para qué han sido contratados, o si esa contratación es en realidad por la cercanía al contratador o por interés del partido político que le contrata. El sueldo de un asesor está entre los 32.000 y los 65.000 euros al año, según que sea simple, técnico o de confianza.
Esta práctica se ha extendido a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, con una opacidad total, estableciendo un modelo de funcionamiento que al final les viene igual de bien a todos los partidos políticos.
Quien se presente a elecciones debería estar capacitado para el desempeño del cargo sin tener que contratar a decenas y centenas de asesores para que le ayuden en su cometido. Pero cada vez se abusa más de la entrada de asesores en todas las administraciones y los ciudadanos, ya acostumbrados, no cuestionan para qué se contratan, ni se tiene control sobre las influencias, ventajas, relaciones y negocios adyacentes que el ejercicio de su puesto les pueda facilitar, corruptamente o al menos privilegiadamente. No se sabe qué protocolos hay para la supervisión de la labor de los asesores o si hay alguien que lo haga, y sólo cuando sale destapado un escándalo, como el caso Koldo, de corrupción flagrante, vemos que el problema es lo que han hecho pero también las lagunas en la normativa, y quién ha permitido que suceda eso. ¿La transparencia en la contratación y el número de asesores le importa a algún partido político español?