Anticorrupción destapa en Melilla un sistema organizado de compra de votos desde 2018
La operación abierta por el supuesto amaño de contratos públicos lleva a la detención de Mustafá Aberchán, expresidente de la ciudad autónoma, y cuatro exconsejeros
MADRID. Nueve meses después de que un nuevo escándalo en Melilla por supuesta compra de votos en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo sacudiera el tramo final hacia la cita con las urnas, una operación contra los posibles ilícitos en la ciudad autónoma condujo ayer al arresto de quien fuera su presidente y continúa liderando hoy Coalición por Melilla, el polémico Mustafá Aberchán, cuatro exconsejeros y una exviceconsejera por el supuesto amaño de contratos públicos presuntamente enlazado a una estafa con el libre derecho al sufragio.
De hecho, y según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, la Fiscalía Anticorrupción cree tener indicios suficientes de un «sistema organizado» de pago por votos desde 2018. Es decir, en los últimos seis años, en los que se han celebrado al menos dos convocatorias electorales autonómicas y municipales.
Las pesquisas cocinadas durante meses y desplegadas ayer afectan a la cúpula de Coalición por Melilla y están vinculadas al procedimiento iniciado en mayo de 2023 por la presunta compra de votos por correo. La llamada ‘operación Santiago-Rusadir’, que ha desembocado también en registros en la ciudad norteafricana y en Granada, está dirigida por el
Juzgado melillense de Primera Instancia e Instrucción número dos. Su titular ha decretado el secreto de las actuaciones. Los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
Las fuentes de la investigación consultadas apuntan a un amaño de contratos de la ciudad autónoma por importe de unos seis millones de euros, en unas diligencias que amplían las abiertas en mayo pasado por la citada presunta compra de votos por correo. Dos días antes de aquellos comicios, la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación. En este tiempo, ha analizado la documentación que recabó la Policía Judicial de las entradas y registros que efectuó en los despachos de varios dirigentes del partido regionalista. Se ha trazado el recorrido del dinero, desde la compra de votos hasta el pago a través de adjudicaciones una vez que el partido bajo sospecha llegó al Gobierno melillense en 2019.
Desde primeras horas de la mañana de ayer, los agentes inspeccionaron en busca de pruebas las viviendas de diputados locales de Coalición por Melilla en la anterior legislatura. Además de Aberchán, también fue detenido el exconsejero de Distritos y Juventud Mohamed Ahmed en Granada, donde actualmente reside. Ahmed ya fue arrestado en primavera, pero quedó en libertad provisional tras comparecer en el juzgado.
Entonces se supo que recibió casi 100.000 euros en contratos, ayudas y subvenciones para sus empresas desde que accedió al cargo. Los exconsejeros de Medio Ambiente Hassan Mohatar, el de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussián –hoy vicepresidente segundo de la Asamblea autonómica–; y la de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri, fueron también arrestados; una nómina que se completa con la exviceconsejera de Vivienda, Yonaida Se-lam.
En paralelo, los agentes se llevaron cajas con documentación de la vivienda de la que fuera consejera de Hacienda y número uno de CpM en las elecciones de mayo, Dunia Almansouri, y ha solicitado a la anterior responsable, Fatima Kaddur, de viaje en Barcelona, que este jueves comparezca con abogado en el juzgado en calidad de investigada.
Tras las elecciones de 2019, Coalición por Melilla y el PSOE auparon a la presidencia de la ciudad autónoma a Eduardo de Castro, único diputado de Ciudadanos (luego expulsado) en la Asamblea de Melilla. En noviembre de 2018, Aberchán ya había sido condenado a dos años de cárcel y dos años y medio de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por delitos electorales y estafa en el marco de una trama de compra de votos por correo para las elecciones al Senado de 2008.