Un ex alto cargo del PSOE en la DGA asesora ahora a Forestalia y a Amazon Web Services
El que fuera secretario de la Presidencia Julio Tejedor impulsó la ley contra las puertas giratorias, desatascó las renovables y se implicó en la llegada de los centros de datos
ZARAGOZA. El secretario general de la Presidencia de la DGA entre 2015 y 2021, Julio Tejedor, asesora ahora a la división tecnológica del gigante del comercio electrónico, Amazon Web Services (AWS), y a la principal promotora aragonesa de energías renovables, Forestalia. Y lo hace tras haber impulsado la ley que regula las puertas giratorias, de desatascar el sector de las energías renovables y ser uno de los artífices de la llegada de los centros de datos de AWS.
Julio Tejedor dimitió como número dos de Javier Lambán en la Presidencia en julio de 2021, dos años antes del traspaso de poder al Ejecutivo PP-Vox liderado por Jorge Azcón, para asumir su cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y ejercer al mismo tiempo como abogado. Y bajo esa condición compatibiliza la docencia con su labor como asesor para empresas con las que tuvo relación en su etapa de alto cargo socialista, según aseguraron varias fuentes conocedoras de su actividad profesional.
Su labor no se queda ahí, ya que participó a mediados del año pasado en calidad de «consultor en transformación digital» del Gobierno de España en un encuentro público en Perú para impulsar la «colaboración estratégica» entre Amazon Web Services y la Secretaría General de la Comunidad Andina, organismo que engloba a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El objetivo era fortalecer las capacidades en digitalización e innovación tecnológica de esta región suramericana. En dicho foro, Tejedor disertó sobre el proceso de transformación digital en la Unión Europea, tal y como recogió la organización en un comunicado oficial.
Este jurista de larga trayectoria política, fue director general de Vivienda y Urbanismo en los gobiernos de Marcelino Iglesias, no oculta en su currículum de la Universidad de Zaragoza su «amplia actividad profesional de consultoría y asesoramiento para administraciones públicas y entidades privadas».
Su colaboración como asesor legal es muy estrecha con Forestalia, el principal tramitador de permisos de parques eólicos y fotovoltaicos en el Gobierno de Aragón. Las autorizaciones ambientales dadas a la compañía aragonesa durante la etapa del cuatripartito por parte el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) fue cuestionada por el PP, que junto a Vox impulsó la comisión de investigación de las Cortes que ahora pretende desentrañar la gestión. Hace menos de un año, el entonces líder de la oposición y ahora presidente aragonés, Jorge Azcón, llegó a declarar que se trataba de un caso que «apesta».
Más relaciones
Su vínculo con el sector de las renovables se extiende al propio Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), del que forma parte en representación de la Universidad de Zaragoza. Y como «representante» de Clenar desempeñó hace cinco meses un destacado papel como ponente en la ‘Conferencia internacional sobre innovación en gestión energética de la industria’, como subrayó la propia organización, el denominado Foro Sella, organizado en el complejo hostelero de Villanueva de Gállego que es propiedad de Fernando Samper, dueño de Forestalia.
De la misma forma, viene colaborando como consultor desde que dejó el Pignatelli con Amazon Web Services, en cuyo desembarco en Aragón participó de forma muy activa. De hecho, el propio Ejecutivo destacó en una nota de prensa a finales de 2019 que las «riendas de la negociación» para lograr la implantación de los centros de datos en El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca las llevaron la consejera de Economía, Marta Gastón, y el propio Julio Tejedor.
En su última etapa como secretario general de la Presidencia fue el impulsor de la Ley de Integridad y Ética Públicas, aprobada en 2017 con el fin de regular las puertas giratorias y la labor de los ‘lobbys’ y luchar contra la corrupción con una oficina específica que no se ha llegado a constituir.
Dicha norma impide a las autoridades y cargos del sector público mantener «cualquier relación profesional remunerada y actividades privadas relacionadas con procedimientos» en los que hayan intervenido durante los años posteriores a su cese. En el caso de Tejedor, no entraría en un caso de incompatibilidad porque como secretario general no emitió ningún informe preceptivo y vinculante ni resoluciones, y tampoco intervino en propuestas aprobadas por el Consejo de Gobierno en los dos años previos a su marcha.
Además, en el caso del decreto ley que elaboró nada más llegar al Pignatelli en el verano de 2016 para solventar el bloqueo eólico, que se arrastraba desde la etapa de Marcelino Iglesias, lo firmaron Marta Gastón, como responsable en la materia, y Javier Lambán. Esto permitió priorizar los 95 proyectos afectados, con una potencia superior los 2.000 megavatios, y sentó las bases para la agilización administrativa que ha conllevado el aluvión de proyectos de renovables que viene protagonizando Aragón desde entonces.
En este sentido, el decreto de estructura del cuatripartito no le daba competencias como secretario general sobre ningún sector económico que pudiera suponer un motivo de incompatibilidad recogida en la citada Ley de Integridad y Ética Públicas.
Silencio de Tejedor
En declaraciones a este diario, Julio Tejedor se limitó a señalar que como abogado, de acuerdo al Estatuto General de la Abogacía, tiene la obligación de proteger la confidencialidad sobre la relación con sus clientes. «Ni afirmo ni desmiento sobre los clientes que tengo o dejo de tener», añadió.