El Congreso da vía libre a la amnistía con la legislatura en suspenso por las catalanas
El Gobierno reivindica la ley como útil para «la reconciliación», desde el PP afirman que la norma divide a España y Cataluña en dos y ERC y Junts ponen rumbo hacia la autodeterminación
MADRID. No habrá Presupuestos Generales del Estado en 2024 y, con la legislatura abierta en canal por el adelanto electoral de Cataluña, el Gobierno tampoco puede dar por seguro que vaya a ser capaz de sacar adelante los de 2025. Pero la amnistía al ‘procés’, el peaje comprometido por Pedro Sánchez a los independentistas catalanes a cambio de su investidura, sigue adelante imparable. El Congreso dio luz verde ayer por 178 votos a favor –del PSOE (José Luis Ábalos, ya en el Grupo Mixto, incluido), Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Podemos– y 172 en contra –del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria– el dictamen acordado el 7 de marzo por la Comisión de Justicia. Ahora, iniciará una tramitación de dos meses en el Senado antes de volver a la Cámara baja para su aprobación definitiva.
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se mostró tan reivindicativo como cuando pudo anunciar la ‘fumata blanca’ del acuerdo que permitió, la semana pasada, desencallar la norma tras más de un mes de complejas negociaciones con Junts. «Pronto quienes han votado en contra reconocerán su aportación a la reconciliación. Y se arrepentirán de las barbaridades que nos dicen», pronosticó en un mensaje en las redes sociales.
Lo cierto es que el escenario que Sánchez tenía en mente cuando hace apenas diez días decidió volver a dinamitar las líneas rojas que había marcado respecto a los delitos de terrorismo y alta traición para dar garantías a Carles Puigdemont de que la ley le dará cobijo, no era ni mucho menos el actual. Con el viraje que le permitió ganarse, esta vez sí, el respaldo de los posconvergentes a la norma, el jefe del Ejecutivo pretendía lanzar el mensaje de que estaba en condiciones de gobernar con normalidad pese a su inestable mayoría, el descalabro de su partido en las elecciones gallegas del 18 de febrero y las sacudidas del caso Koldo. Pero aprobar la amnistía era solo un primer paso, la condición necesaria para poder presentar – «cuanto antes», repetían los suyos– las mismas Cuentas que, este miércoles, tras anunciar Pere Aragonès comicios para el 12 de mayo dio ya por perdidas.
El nuevo marco político tuvo su plasmación clara en el debate de ayer, que Sánchez decidió no seguir desde el hemiciclo sino desde su despacho en el Congreso por razones que Moncloa no aclara; pero que, en cambio, sí fue presenciado por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, desde la tribuna de invitados. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, aprovechó, por ejemplo, su intervención para recordar que si su partido apoyó la investidura del líder del PSOE no fue precisamente por la amnistía, en contra de la que siempre se ha manifestado, sino por los compromisos en materia presupuestaria que los socialistas adquirieron con su comunidad y que ahora son papel mojado. Y tanto Sumar como En Comú, a quienes los socialistas hacen responsables de este trance por haberse negado a respaldar los Presupuestos de la Generalitat, cuestionaron la decisión del presidente de no intentar siquiera seguir negociando los del Estado.
En el PSOE, sin embargo, quitan hierro a esa renuncia, defienden ahora que el adelanto catalán permitirá concentrar en tres meses tres elecciones –las vascas y las europeas son en abril y junio– y que ello ahorrará muchos meses de incertidumbre en una legislatura que están determinados a agotar. La amnistía, que Sánchez abrazó tras las generales del 23 de julio no por convicción, como ayer recordaron varios de sus socios, sino como último recurso para evitar verse desalojado de la Moncloa por el PP y Vox, es ahora presentada como bálsamo de Fierabrás. Los socialistas no solo insisten en que ayudará a normalizar Cataluña,
sino que están persuadidos de que su candidato a la Generalitat, Salvador Illa, será recompensado por el electorado por lo que defienden como un acto de generosidad del Estado. Una descripción que no comparten los partidos de la derecha, para quienes la amnistía es un «acto de corrupción política», pero tampoco los independentistas.
«No hubo delito»
Uno tras otro, desde el BNG hasta Junts, pasando incluso por En Comú (integrante de Sumar), se refirieron a la controvertida ley como un gesto restitutivo. «Toda la reacción del Estado ante un hecho que tiene que ver con la pura práctica de la democracia fue desmedido porque no hubo delito. Y la amnistía repara. No hubo golpe de Estado, no hubo malversación y por descontado no ha habido esta locura de terrorismo», esgrimió la republicana Pilar Vallugera.«Esta es una ley no hecha a la medida de los independentistas, sino a la medida de la represión de los defensores de la sacrosanta unidad de España», argumentó el portavoz de Junts, Josep María Cervera.
Tanto ERC como los posconvergentes, que esta vez hicieron un alto en su habitual pugna, pusieron en tela de juicio además esa idea en la que insiste el Ejecutivo y en la que ayer hizo hincapié el portavoz socialista, Patxi López, de que la amnistía pone fin al ‘procés’. Cervera sostuvo que el olvido penal abre una oportunidad para negociar «de tú a tú» el futuro de una Cataluña «libre». Y Vallugera apuntó