Y tras el calvario de la Cámara baja, la ley se encamina al infierno del Senado
en idéntica dirección: «A pesar de la oposición por parte del Estado, a pesar de los obstáculos de la justicia, del Tribunal de Cuentas, no vamos a parar hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación».
Las palabras de los dos socios catalanes del Gobierno sirvieron al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para apuntalar sus criticas a la norma. «No se atrevan a vendernos la reconciliación. Esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos», dijo. «Esto no es reconciliación, esto es sumisión. ¿Van a ceder al referéndum de una parte de España para decidir el futuro de todos? Sé que dirán que no, pero ya les hemos cogido la medida. Mentir –recriminó– es el primer paso para que lo acepten».
MADRID. Ha pasado casi de todo –lo último, el fulgurante adelanto de las elecciones catalanas al 12 de mayo– desde que el PSOE registrara en solitario hace cuatro meses, el 13 de noviembre, la proposición de ley de amnistía que terminaba de encauzar la investidura de Pedro Sánchez tras el pacto en Bruselas de los socialistas con Junts. El Gobierno y sus socios, que venían ya de una trabajosa negociación casi clandestina desplegada a raíz del ajustado escrutinio del 23 de julio, sabían que la polémica norma que borrará los delitos del ‘procés’ no iba transitar por un camino de rosas. Pero éste ha demostrado tener tantas espinas como para enredar una tramitación que va a estar sometida, además, a lo sobrevenido: el examen del 12M, cuando previsiblemente la ley seguirá aún en el Senado, el fortín del PP presidido por Pedro Rollán, y sin que los encausados perciban aún sus efectos prácticos.
Los de Alberto Núñez Feijóo esperaban ya a portagayola la entrada de la amnistía en la Cámara alta cuando el 30 enero Junts exigió mayores garantías para amparar a Carles Puigdemont ante su señalamiento penal por terrorismo y traición al Estado y dio la campanada de vetarla en el Congreso. Ahora, aprobado ya el texto tras una renegociación en la que el Ejecutivo
ha vuelto a ceder para que el perdón beneficie a los potenciales beneficiarios «sin excepción» –372 según el Gobierno (entre ellos, 90 policías por las cargas del 1-O) y un millar para Junts–, los populares se aprestan a trabar todo lo que puedan el paso de la medida de gracia por las Cortes. De saque, utilizaron su mayoría absoluta para promover una reforma exprés del Reglamento que prolonga dos meses, lo máximo posible, la travesía por la Cámara baja. Reforma que está recurrida ante el Constitucional por el PSOE.
Un ‘no’ rotundo
La hegemonía del partido de Feijóo hará que la amnistía coseche un rotundo ‘no’ en el Senado que no impedirá que salga adelante, finalmente, gracias a la mayoría del Congreso. Pero esos 60 días, que solo podría acortar el TC, otorgarán un notable altavoz a la contestación política, jurídica y social a la exoneración de los delitos vinculados al ‘procés’, con dos campañas electorales de por medio: la de las vascas del 21 de abril y la de las catalanas. Y los populares piensan exprimir al máximo ese calendario. Se espera una nutrida citación de expertos constitucionalistas y de otras disciplinas para intentar desmontar las tesis favorables a pasar página de las causas del ‘procés’, mientras el partido sopesa convocar una cumbre de presidentes autonómicos. Ya forzó una el pasado 18 de octubre, a la que no acudieron los barones socialistas y sí el president de la Generalitat, Pere Aragonès.