La Fiscalía revela que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ofreció un acuerdo en el que asumía el fraude
MADRID. Un cruce de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que rubricó la denuncia por presunto fraude fiscal contra el empresario ha embarrado más si cabe el escenario político en Madrid. El letrado Carlos Neira remitió un email el pasado 2 de febrero a las 12.45, cinco días antes de formalizarse la denuncia, en el que ofreció al representante del Ministerio Público un acuerdo en el que su cliente reconocía «íntegramente» los delitos para evitar el juicio.
González Amador, acusado de defraudar casi 351.000 euros en el Impuesto de Sociedades mediante la emisión de hasta 15 facturas falsas proporcionadas por otras empresas, admitió a través de su abogado que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». Por lo tanto, añadió, «es voluntad firme de esta parte alcanzar un acuerdo de conformidad penal (.) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT (Agencia Tributaria)». Una literalidad que contradice las palabras pronunciadas este miércoles por la propia Díaz Ayuso: «No hay trama de facturas, no hay sociedades pantalla», afirmó.
La Fiscalía Provincial de Madrid, que reconoció este jueves el ofrecimiento de la defensa en un comunicado oficial, finalmente formalizó la denuncia el 7 de febrero y la presentó una semana después. El escrito ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que ahora debe decidir si, como pide la sección de delitos económicos del Ministerio Público, investiga y cita a declarar a González Amador y a otros cuatro empresarios que le habrían ayudado con el presunto falseamiento de las facturas.
En el centro de las diligencias está la empresa Maxwell Cremona, que multiplicó por seis sus beneficios en el peor momento de la pandemia y cuyo administrador único es la pareja de Díaz Ayuso. El empresario especializado en certificados de eficiencia energética comisionó casi dos millones de euros por intermediar en favor de la empresa catalana FCS para el suministro de mascarillas al Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la voluntad de ahorrar en la tributación de esos rendimientos mediante el uso de una empresa pantalla provocó la apertura de una inspección fiscal en mayo de 2023. Un expediente que ha permanecido diez meses abierto antes de formalizarse la denuncia, por lo que el implicado tuvo ese tiempo para su situación fiscal y no lo hizo. Ahora se ha sabido que cuando llegó el ofrecimiento de la defensa para abonar los 351.000 euros más los intereses correspondientes ya era demasiado tarde, ya que la denuncia se comenzó a tramitar el 23 de enero, según detalla la Fiscalía.
La intervención de Rodríguez
El fiscal encargado del caso, Julián Salto, sí llegó a contestar al abogado de González Amador una vez formalizada la denuncia. En un correo remitido el pasado 12 de febrero a las 11:34 de la mañana, señaló: «Tomo nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas. Hay otras personas denunciadas, aunque esto no es un obstáculo para llegar a alcanzar una conformidad penal».Esta respuesta fue utilizada 24 horas antes por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, para desviar el foco en la propia Fiscalía. Aseguró que fue el fiscal quien se dirigió por mail al abogado de González Amador para ofrecerle el pacto y que antes de que éste pudiera responder le dijo que había recibido órdenes «de arriba» para que no hubiera acuerdo. Un relato que ha sido desmentido por la Fiscalía de Madrid en el comunicado difundido este jueves?.
Según la nota, la cronología de hechos comienza el 23 de enero pasado, cuando la sección de delitos económicos abrió diligencias de investigación como consecuencia del escrito-denuncia de la Agencia Tributaria; continúa el 2 de febrero con el correo del abogado de González Amador pidiendo el acuerdo y reconociendo el fraude fiscal; prosigue el día 7 con el decreto de denuncia del fiscal; el 12 de febrero el acusador responde al abogado, un día después se interpone la denuncia y el pasado martes 12 de marzo el fiscal vuelve a contactar con la defensa para hacerle llegar la denuncia y recordarle que sigue abierto al acuerdo con las mismas condiciones que hace un mes: asunción de los hechos delictivos y aceptación de la sanción penal.