La DGA duplicará la plantilla de selección de personal para acelerar los concursos
ZARAGOZA. El consejero aragonés de Hacienda y Función Pública, Roberto Bermúdez de Castro, va a duplicar la plantilla del Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) este año con el objetivo de agilizar las ofertas públicas de empleo pendientes desde 2018. Si ahora cuenta con 17 trabajadores, en unos meses tendrá 32 y el propio organismo se reforzará, ya que pasará de ser una jefatura de servicio a ser un verdadero organismo autónomo
Bermúdez dispone de 400.000 euros extra para afrontar las contrataciones, que pasan por la creación de ocho puestos en el Instituto Aragonés de Administración Pública, pendientes de cubrir, que se centrarán en agilizar la constitución de las comisiones permanente de selección de personal.
De la misma forma, se pretende potenciar la colaboración del IAAP en la selección y formación de los funcionarios de las entidades locales aragonesas, que es otra de las funciones que tiene asignadas este órgano, al igual que la investigación de temas relacionados con la administración pública.
El titular de Hacienda ratificó el impulso al IAAP en su comparecencia, a petición propia en las Cortes de Aragón para dar cuenta de la oferta de empleo de 2023. Recordó que se trata de 843 plazas, que incluye tanto reposición ordinaria (530 vacantes) como estabilización del empleo temporal de larga duración (313). A los puestos de reposición se sumarán 46 plazas de promoción interna y 50 vacantes de promoción cruzada, no sujetas a concurso-oposición.
El objetivo es solventar la «maraña» de convocatorias sin resolver o convocar desde 2018, que supone un «importante tapón». De ahí la necesidad de reforzar el IAAP para agilizar los procesos. Así, detalló que de la ofertas de 2018 a 2020 hay 762 plazas sin resolver, a las que se suman 325 de 2021 (de los que solo se solventaron 2) y otras 276 en 2022.
Susana Cobos (PP) destacó el refuerzo del IAAP para afrontar la paralización de ofertas de empleo, Óscar Galeano (PSOE) apuntó que toca «remar» para cumplir las tasas de reposición, mientras Fermín Civiac (Vox) trasladó su preocupación por la posible «cascada» de reclamaciones tras la sentencia porque podría «desequilibrar» el presupuesto. Por su parte, José Luis Soro (CHA) defendió el empleo público como garante de los servicios y que se requieren puestos de calidad. Pilar Buj (Teruel Existe) evidenció la «brecha territorial» que se debe revertir, pues los interinos copan puestos en el medio rural, y Álvaro Sanz (IU) se preguntó si se pueden seguir con las órdenes de convocatoria con la sentencia.