La Comisión de Venecia cuestiona si la reconciliación es posible con la amnistía
MADRID/PARÍS. La Comisión de Venecia se cuestiona si el objetivo de la reconciliación puede ser posible con la ley de amnistía, dada la «profunda y virulenta» fractura social y política generada, mientras que, en uno de los puntos más controvertidos de la norma, como es el terrorismo, avala implícitamente los cambios introducidos para fijar qué delitos quedan excluidos.
En el dictamen completo –no vinculante– sobre la ley de amnistía publicado ayer, este organismo de expertos constitucionalistas del Consejo de Europa insiste en que no interviene en el debate político sobre la conveniencia de recurrir a ese mecanismo, de forma que ni lo avala ni lo desautoriza.
«Eso son decisiones políticas que tienen que tomar el Gobierno y el Parlamento español», señala. Tampoco entra en decir si la ley se ajusta a la Carta Magna, porque eso le corresponderá en última instancia al Tribunal Constitucional.
En uno de los cambios realizados sobre el borrador, la Comisión recuerda que una amnistía no puede estar redactada para individuos concretos y muestra su preocupación sobre la reciente ampliación en dos meses del ámbito temporal de aplicación «sin justificación alguna».
La ampliación del alcance de la amnistía a noviembre de 2011 beneficia al exconseller Francesc Homs, encausado por la adjudicación de contratos y subvenciones a dedo en la promoción exterior del procés, dado que la Fiscalía sitúa en esa fecha ese presunto desvío de fondos. Un fin legítimo
Consciente de que el proyecto de ley de amnistía formaba parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, la Comisión subraya que, no obstante, la normalización institucional, política y social de Cataluña, que es el objetivo declarado de la norma, constituye un fin legítimo.
«El Parlamento español, al decidir si aprueba el proyecto de ley de amnistía, con qué contenido y mayoría, tendrá que abordar la cuestión de si la normalización de Cataluña puede lograrse a pesar de que el proyecto de ley de amnistía ha agrandado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial y, sobre todo, en la sociedad española», indica el dictamen.