Díaz Ayuso modula su postura sobre el presunto fraude fiscal de su pareja
MADRID. Una semana después de que Isabel Díaz Ayuso atribuyese el fraude fiscal por el que se investiga a su pareja a una «inspección salvaje», cambió este lunes el paso marcando distancia entre la defensa de Alberto González Amador de la suya como presidenta de la Comunidad de Madrid. La líder territorial del PP, que el miércoles aseguró que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su compañero sentimental, defendió que «las estrategias de defensa de un particular» no son su responsabilidad como presidenta y calificó de «escándalo absoluto» la filtración de datos a los medios de comunicación por parte de la Fiscalía.
Díaz Ayuso volvió a desligar la actividad por la que está siendo investigado Alberto González Amador de cualquier relación con la Administración que preside y calificó de «chavista» que Moncloa esté usando «todos los poderes del Estado» contra un particular para intentar dañarle.
«Me pincho y no sangro», ironizó Díaz Ayuso cuando fue cuestionada sobre por qué la semana pasada defendió la inocencia de su pareja y ahora dejaba el tema en un segundo plano, arguyendo que ella salió a dar explicaciones. «Cosa que otros no hacen», señaló, en clara alusión a Pedro Sánchez y apuntando a su mujer.
Mientras que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido en una carta dirigida a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, que «se ha salvaguardado» el deber de reserva en el caso de la pareja de Díaz Ayuso, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) denunciará por la vía penal y administrativa la revelación de datos en el caso de la pareja de Ayuso.
García Ortiz incide en que «la concreta propuesta de conformidad de ocho páginas, fechada el 2 de febrero de 2024 y dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública». Y asegura que en la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid «solamente se comunicaron aquellos aspectos (conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales».
Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpondrá una denuncia administrativa y otra penal en relación a la presunta vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado en relación a la revelación de datos en la investigación al novio de la presidenta madrileña. En concreto, el decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, anunció acciones legales en defensa del abogado de González Amador al revelarse el pasado jueves en una nota informativa de la Fiscalía de Madrid el supuesto ofrecimiento de un pacto por parte de este letrado en el marco de las diligencias de investigación relacionadas con un presunto fraude fiscal.