Marlaska esquiva responsabilidades y descarta la petición del PP para dimitir
Los populares exigen al ministro del Interior que asuma las consecuencias del caso Koldo o de la muerte de dos guardias civiles en Barbate
MADRID. El caso Koldo, la adquisición de mascarillas durante la pandemia a precios desorbitados, los contactos con Venezuela, la supuesta corrupción del exdiputado socialista Tito Berni, la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña a petición de Junts y como cesión a Carles Puigdemont o la muerte de los dos guardias civiles cuya zódiac fue arrollada por una narcolancha en Barbate. El PP aprovechó ayer su mayoría absoluta en el Senado para reclamar a Fernando Grande-Marlaska su dimisión al frente del Ministerio del Interior. La renuncia no es menor para los populares, que llevan también semanas exigiendo a cuenta del caso Koldo las dimisiones de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres. Marlaska, que una vez más negó ayer su intención de dejar el cargo, es uno de los cuatro ministros que junto a Teresa Ribera, Margarita Robles y Luis Planas se mantiene en el Consejo de Ministros desde el triunfo de Pedro Sánchez en la moción de censura de 2018 a Mariano Rajoy. Es, por lo tanto, uno de los hombres de mayor confianza del presidente del Gobierno, tanto como responsable de Interior como consejero jurídico en su papel de juez de la Audiencia Nacional en excedencia.
La trayectoria de Marlaska, quien ejerció antes de su paso a la política con el PSOE como vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, no es suficiente para los populares que califican sus cinco años al frente del Ministerio como nefastos.
«Ministro agotado»
Luis Santamaría, portavoz del PP en la Comisión de Interior del Senado, no ahorró ataques hacia el titular del interior. «Es usted un ministro agotado y en tiempo de descuento», «no tardará en convertirse en un juguete roto» –en referencia a un futuro cese de su cargo por decisión de Sánchez– o «su departamento funciona como la Gestapo o la Stasi» –en relación a la policía secreta nazi y la de la República Democrática Alemana (RDA)–.
El ministro del Interior, que no admitió críticas a su gestión pero sí reconoció la necesidad de mejoras, defendió que los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas se han llevado a cabo bajo el estricto seguimiento de la ley penitenciaria, defendió que en los últimos cinco años se han invertido 120 millones de euros para combatir el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar o que el aumento de la delincuencia que denuncia Vox a cuenta de la inmigración es un bulo de la ultraderecha. «Ley, ley y ley», resumió Marlaska sobre su gestión.