Gobierno y Presupuestos

El Gobierno ha renunciado a presentar al Congreso el proyecto de Presupuestos para 2024. Como si someter un proyecto presupuestario a la consideración de los representantes de la soberanía nacional fuera una ‘opción’ del Gobierno, algo que puede hacer o no, según le convenga. No es así. En el artículo 134 de la Constitución se dice: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». No dice que ‘podrá’ presentarlos, ni que los presentará si le parece oportuno o si tiene asegurada su aprobación parlamentaria, sino que «el Gobierno ‘deberá’ presentar». Es una obligación. Y hasta fija un plazo concreto. Obligación y plazo ratificados en el artículo 37 de la Ley General Presupuestaria. Es obvio que para el ejercicio de 2024 no pudo cumplirse el plazo, pues el Gobierno de la nación estuvo ‘en funciones’ entre el 23 de julio y el 21 de noviembre. Pero si no se llega a la fecha fijada, lo correcto será presentar el proyecto de Presupuestos lo antes posible y, en todo caso, presentarlo. La misma Ley Presupuestaria establece que, si no se llega a tiempo, se considerarán prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior «hasta la aprobación y publicación de los nuevos», es decir que, aun superado el plazo, la obligación permanece. Está claro que Sánchez y su Gobierno temen que, en las circunstancias actuales, si presentan los Presupuestos sean rechazados por el Congreso. Un serio varapalo que haría casi inevitable, como poco, una crisis de gobierno. Quieren ahorrarse el mal trago. Pero ese es un riesgo que tienen que correr, que todo gobierno democrático debe asumir. Eludirlo no es solo cobardía, que también, sino que supone burlar una taxativa obligación en aras de un interés personal y partidista. Una arbitrariedad inaceptable.