Las comunidades gobernadas por el PP rechazan el índice de alquiler y defienden sus políticas de vivienda

MADRID. La conferencia sectorial de Vivienda celebrada ayer confirmó la entrega a Aragón por parte del Gobierno central de otros 12,5 millones de euros para proyectos de rehabilitación, tal y como había aprobado hace unos días el Consejo de Ministros. De esta forma, la DGA habrá recibido los 86 millones de fondos europeos previstos para tal fin. El encuentro, no obstante, estuvo marcado por las discrepancias entre las comunidades del PP y el Ejecutivo central, en especial por la negativa de los conservadores a declarar zonas tensionadas que permitan aplicar el índice de referencia de precios del alquiler.

A este respecto, el consejero aragonés, Octavio López, criticó la «falta de diálogo y consenso» por parte del Ministerio: «No nos parece la mejor forma de contribuir a mantener el necesario marco de colaboración, ayuda y lealtad institucional», dijo.

En este sentido, denunció que el Ejecutivo central pueda estar buscando fórmulas para sortear el veto de las comunidades gobernadas por el PP, de tal forma que los ayuntamientos interesados sí consigan aplicar este índice, que por ejemplo, marca en Zaragoza unos precios un 27% inferiores a lo que ofrece el mercado.

Para Octavio López, esto resultaría en «un debate estéril, un enfrentamiento artificial y un clima de crispación entre los ejecutivos autonómicos y los gobiernos municipales que a nadie interesa».

Por contra, el consejero aragonés defendía las políticas propias de la DGA en esta materia, como la nueva Ley de Vivienda autonómica que entrará en vigor de 2025, la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas que va a permitir promover pisos públicos en suelos reservados a equipamientos públicos que ya no son necesarios, y el Plan Aragón Más Vivienda que fue presentado en sociedad la semana pasada.

López mantenía así la unidad de discurso del PP frente al Gobierno central. La dirección nacional del partido emitió ayer un comunicado en el que advertía de que sus gobiernos autonómicos no aplicarán el índice del alquiler, y de que denunciarán «cualquier usurpación» por parte del Ministerio de sus competencias en materia de vivienda.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y máxima responsable de Vivienda del PP nacional, Paloma Martín subrayó que topar los precios de los alquileres e intervenir el mercado no son soluciones eficaces para bajar los precios. «Lo que necesita este sector es combatir el desfase crónico que existe entre oferta y demanda, y activar acciones para incrementar el parque de viviendas, como por ejemplo aumentar la disponibilidad de suelo», advirtió.

Por su parte, la ministra mantuvo la mano tendida en un encuentro en el se completó la transferencia de 430 millones de euros de fondos UE para rehabilitación. «Solucionar el acceso a la vivienda en España debe ser una alianza de país. Buscando siempre el encuentro, el pacto y el diálogo con todos los actores implicados en el sector», defendió.

De ese reparto, Aragón se hizo con 12,5 millones. El grueso de esta última transferencia de fondos (9,5 millones) se destinará al Programa 3 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio. De esta manera, las comunidades de vecinos o propietarios de viviendas unifamiliares optarán a mejorar la eficiencia energética de sus inmuebles, con especial atención a la mejora de las fachadas y cubiertas. Además, 1,9 millones irán a parar a las oficinas de rehabilitación, mientras que la cuantía restante se destinará a financiar las obras de mejora de la eficiencia energética en las viviendas, ya sean bloques de vivienda o unifamiliares.