El Ejecutivo fija abril como mes límite para renovar el CGPJ y el PP rechaza el plazo

Tellado desata la indignación de los socialistas al acusar a Pedro Sánchez de lanzar un «ultimátum» tal y como hacía la banda terrorista ETA

Aragonès no considera oportuno establecer quórums mínimos de participación y validación de los resultados, a pesar de que la fórmula de ERC fijaba un 50% de participación y un 55% como poco de síes para poder implementar el resultado. En los dos antecedentes que hay en Cataluña, ambos declarados ilegales, la participación fue del 37% en el 9-N de 2014 y del 43% en el 1-O de 2017. El plan del Govern no fija año ni fecha de celebración, pero sí sugiere qué días no son recomendables por no ser imparciales: 23-A (Sant Jordi), 11S, 1-O, 12-O y 6-D.

MADRID. El Gobierno ata la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la mediación del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders. El PP, que fue quien el pasado diciembre planteó recurrir al liberal belga o a algún otro miembro de la Comisión para desatascar de una vez por todas unas negociaciones rotas y retomadas sin éxito de forma recurrente en los últimos cinco años, no.

La discrepancia, envuelta además en unas polémicas declaraciones del portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, creó ayer un caldo de cultivo poco propicio para el acuerdo.

Tellado alegó, en una entrevista en TVE, que Pedro Sánchez «no está en condiciones de poner ultimátums» después de que este advirtiera en una conversación informal con los periodistas que lo acompañan en su viaje a Qatar, Arabia Saudí y Jordania de que la renovación ha de acometerse «sí o sí» en este mes de abril.

Pero el dirigente popular no se limitó a rechazar el plazo mencionado. «Los que ponían ultimátums –añadió en alusión a Bildu, parcialmente heredera de la antigua Herri Batasuna– son sus socios de Gobierno, que ponían ultimátums y luego asesinaban a políticos del PP».

La analogía desató la indignación entre los socialistas. La portavoz del Consejo de Ministros,

Pilar Alegría, exigió al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, una «rectificación inmediata y una disculpa a las víctimas» de la banda terrorista. «Querer comparar la obligación constitucional de renovar el CGPJ con ultimátums de ETA a sus víctimas es indigno y no lo vamos a tolerar», dijo. «El PP utilizando a ETA después de doce años desde su desaparición... Esta frase la puedes decir cualquier día del año y siempre refleja la realidad», ironizó también el ministro de Justicia y principal negociador gubernamental, Félix Bolaños.

Tanto Bolaños como Alegría subrayaron que es la propia Comisión la que ha planteado que el acuerdo se cierre este mes. En concreto, antes de que el día 25 se haga efectiva la excedencia de Reynders para concurrir como candidato a la secretaría general del Consejo de Europa (órgano ajeno a la UE). En un primer momento, el comisario tenía intención de aparcar sus responsabilidades actuales al finalizar marzo, pero la semana pasada solicitó retrasar su marcha.

«Plan A»

«La Comisión Europea nos dio dos meses para llegar a un acuerdo. Es un plazo que tanto nosotros como el PP aceptamos. Esos dos meses han transcurrido y ahora la Comisión –argumentó Bolaños en los pasillos del Senado– nos da un mes más. Ese es nuestro plan A, llegar a un acuerdo. Tenemos que aprovechar este mes para trabajar duro y conseguirlo».

El ministro y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, han mantenido tres reuniones desde enero con el comisario. Estaba previsto que el pasado miércoles, 27 de marzo, tuviera lugar la cuarta, pero finalmente fue suspendida por motivos poco claros. El Ejecutivo evitó entonces culpar al PP, que fue quien primero dio la pista del aplazamiento, pero dejó claro que por su parte no habría habido problema en mantenerla y añadió que participaría en cuantos encuentros fueran necesarios, con Reynders o con otro miembro de la Comisión.

El principal escollo para el pacto está en que el PP exige negociar en paralelo un cambio en el sistema de elección para dar más voz a los jueces en detrimento del Congreso. Los socialistas rechazan esa reforma, acusan a los populares de buscar excusas e insisten en que renovar el CGPJ cada cinco años es un mandato constitucional.