El último informe del Senado sobre la amnistía alerta de que afectará al sistema de financiación
MADRID. La mayoría de presidentes regionales del PP enfilará el lunes los pasillos del Senado para comparecer nuevamente en la Comisión General de las Comunidades Autónomas donde se abordará un informe sobre el impacto que la ley de amnistía puede tener sobre sus territorios. Un documento no vinculante, pero que se adjuntará al expediente de la norma cuando ésta salga de la Cámara que preside Pedro Rollán, tras las elecciones catalanas, y en el que se alertará de los «peligros» que supondría su aprobación final. En el borrador, al que ha tenido acceso este periódico, se advierte de que la normativa puede alentar «todo tipo de actos insurreccionales» contra los principios constitucionales del Estado autonómico además de que sienta «un precedente muy peligroso» para su subsistencia. «Supondría un golpe mortal», se arguye.
El informe, que saldrá adelante gracias a la mayoría que ostentan los populares en la Cámara alta, avisa además de que esta proposición de ley se opone a principios esenciales del Estado de Derecho, como el de la igualdad, además de que podría afectar «negativamente a todas las comunidades de régimen común». Alega que, a pesar de que la ley que pactaron el PSOE y los independentistas catalanes dice cubrir los delitos de malversación siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, toda malversación afecta indudablemente «a la Hacienda única del Estado de la que se financian todas las comunidades». Por tanto, «la lesión de los intereses financieros de la Hacienda común supone una lesión de los intereses financieros de todas las comunidades».
Los barones del PP ya se unieron en octubre contra Pedro Sánchez por la financiación. Uno a uno subieron a la tribuna del Senado para advertir al presidente y a su Gobierno de que no iban a consentir más privilegios a Cataluña en detrimento de sus territorios, además de incidir en que con la amnistía y con la negociación con los independentistas se «romperá la igualdad de todos los españoles.
El borrador incide también en la tesis que expresaron los servicios jurídicos del Senado que hablaba ya de una «tramitación fraudulenta y tortuosa» al hacerlo a través de una proposición de ley y no de una reforma de la Constitución. Recuerda que las Cortes Generales «no solo no tienen constitucionalmente atribuida la potestad excepcional de conceder amnistías, sino que, de una interpretación sistemática de la Constitución, cabe deducir sin dificultad la existencia de una prohibición implícita de la amnistía».