Page reprocha a Sánchez falta de lealtad institucional con las autonomías
El barón socialista exige un «compromiso de Estado» para compensar a las comunidades por el impacto en sus arcas de las políticas del Gobierno
MADRID. No ha sido el PP ni tampoco los independentistas catalanes. Quien se ha molestado en abrir ahora un debate relativo a la arquitectura institucional poco cómodo para el Gobierno es el socialista Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha remitió este jueves una carta a Pedro Sánchez en la que da cuenta de lo que, a su juicio, se ha convertido en un ejercicio continuado de falta de lealtad por parte de la Administración del Estado con las comunidades autónomas a la hora de desarrollar su normativa. Y exige soluciones.
La misiva, de apenas un folio, evita cargar las tintas de manera exclusiva contra el actual Ejecutivo. Page es el único de los dirigentes críticos del PSOE en activo y con poder orgánico e institucional, y no ha dudado, en los últimos meses, en explicitar su oposición frontal a la ley de amnistía y las cesiones a ERC o Carles Puigdemont. Pero, frente a los reproches de la dirección del partido (la vicesecretaria general, María Jesús Montero, lo acusó de no saber cuál es «la camiseta de su equipo» y Óscar Puente llegó a situarlo en el extrarradio de la formación), siempre se ha preocupado de dejar claro que sus discrepancias no tienen que ver con las políticas económicas y sociales, que comparte y respalda.
El barón socialista remarca que lo que recrimina a Sánchez y pide abordar en la próxima reunión de la Conferencia de Presidentes, aún sin fecha, es un comportamiento que han mantenido a lo largo de los años los distintos Gobiernos de España, independientemente de su color político: no tener en consideración, para discutirlo con ellas y compensarlo, el impacto que sobre las arcas de las comunidades autónomas tienen muchas de las decisiones que toman.
El IVA y la Losu
Como ejemplo, Page menciona la minoración de ingresos derivadas de las rebajas del IVA, un impuesto parcialmente cedido a las autonomías, aprobadas durante la crisis y prorrogadas recientemente o el sobrecoste derivado del acuerdo adoptado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que, dice, «se cifran en más de 32 millones de euros hasta 2030».
El dirigente regional subraya que también la Ley del Sistema Universitario (LOSU), está suponiendo un «incremento muy notable» de los costes de las universidades implantadas en su comunidad y de las «obligaciones financieras» que su Gobierno tiene con ellas. «Aunque conozco que en la reuniones que has mantenido con los rectores habéis llegado a un compromiso», matiza.
En cualquier caso, Page remarca que no cuestiona el «efecto positivo» que todas estas decisiones han podido tener sobre el conjunto de la ciudadanía, pero insiste en que la Administración General debería establecer «todos los mecanismos» que garanticen que las normas estatales no acaban reduciendo el margen de las autonomías para desarrollar las competencias que les son propias y defiende que el asunto merece un «compromiso de Estado». Incluso adjunta un borrador con el texto del posible acuerdo a debatir en la próxima cumbre autonómica, un texto que, además, propone a Sánchez, si así lo considera, discutir con él en persona.
No debería resultar difícil al presidente castellanomanchego recabar en esta nueva batalla polítca el respaldo del resto de comunidades autónomas del régímen común, en su mayoría gobernadas por el PP, con la excepción de Cataluña (ERC, al menos hasta el próximo 12 de mayo), Asturias (PSOE) y Canarias (CC en coalición con los populares), pero fuentes gubernamentales ven poco probable poder celebrar una Conferencia de Presidentes hasta que acabe el ciclo electoral con las europeas de junio.