El rechazo de la Cámara baja a paralizar la amnistía agudiza el choque con el Senado

MADRID. La Mesa del Congreso de los Diputados rechazó ayer la petición del Senado –donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta– de anular la tramitación de la ley de amnistía. La mayoría de PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara baja se escuda en el informe del letrado mayor de las Cortes,

Fernando Galindo, el cual tilda de «improcedente» el requerimiento que el Senado aprobó la semana pasada y defiende la manera de proceder en la tramitación de la norma que supondrá el olvido legal del ‘procès’.

«Es una deslealtad institucional sin precedentes», cargó contra el PP tras la reunión de la Mesa

Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso y diputado socialista, quien defendió que «todo» lo que ha hecho su grupo parlamentario «tiene presunción de constitucionalidad». Los aludios, por su parte, cargaron contra Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja, por no haber llevado esa decisión a un pleno extraordinario. «Hoy ha incurrido en un fraude de procedimiento muy grave al impedir que el pleno se posicione sobre el requerimiento del Senado para retirar la ley de amnistía», aseveró en X Miguel Tellado, portavoz parlamentario de los populares.

Según el primer partido de la oposición, la Mesa del Congreso se ha extralimitado, dado que, a su juicio, no tendría que haber sometido el conflicto de competencias a la votación en la Mesa –compuesta por nueve miembros (tres socialistas, dos de Sumar y cuatro del PP)–, sino someterlo a un debate plenario.

«La mayoría de la Mesa no puede sustituir a la mayoría del pleno», denunció apelando al artículo 129 del Reglamento del Congreso. Génova sigue sin confirmar si llevará o no al Tribunal Constitucional el conflicto de competencias que han promovido por apreciar «vicios de inconstitucionalidad» en toda la tramitación de la ley de amnistía.