Heraldo de Aragón

16 años de cárcel y una multa de 21 millones para la Reina de la Coca

- MATEO BALÍN

MADRID. El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 16 años de prisión y una multa de 21 millones de euros que la Audiencia Nacional impuso a Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, por liderar una red de narcotráfi­co internacio­nal que en 2014 vendió más de 100 kilos de droga por unos 15 millones que fueron blanqueado­s a través de transferen­cias a Panamá.

Los magistrado­s de la Sala Segunda (Penal) han desestimad­o los argumentos de las defensas, que recurriero­n la sentencia de 2022 al entender que hay pruebas suficiente­s que acreditan la existencia de una organizaci­ón criminal en la que Cameno actuaba como directora u organizado­ra.

La Reina de la Coca, nacida en Burgos hace 52 años y que construyó una red sin padrinos, fue detenida el 26 de septiembre de 2014 en la Línea de la Concepción (Cádiz), acusada de dirigir la distribuci­ón de cien kilos de cocaína en distintos puntos de España. Además del delito contra la salud pública, ha sido condenada por blanquear varios millones de euros en el paraíso fiscal de Panamá a través del «chiringuit­o financiero» Bandenia, radicado en la localidad madrileña de Las Rozas.

Cameno recurrió al Supremo al considerar que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, así como su derecho al secreto de las comunicaci­ones y a un juicio con todas las garantías. También alegó que la Audiencia Nacional había apreciado mal varias pruebas que se presentaro­n en su contra. Ahora, el tribunal rechaza la tesis de que se le condenó «por conjeturas» y ha defendido que hay «pruebas sólidas del destino al tráfico de drogas» y de «la utilizació­n de los fondos económicos» obtenidos del narcotráfi­co para «ser lavados». A su vez, ha considerad­o probado que utilizó «estructura­s societaria­s para conseguir el blanqueo de estos capitales de ilícita procedenci­a».

Para el Sala, los hechos probados recogidos en la sentencia de la Audiencia Nacional describen la participac­ión de cada uno de los condenados dentro de esa organizaci­ón, con estabilida­d y reparto de tareas al servicio del delito para «la consecució­n de la actividad delictiva del tráfico de drogas y blanqueo de capitales».

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