El Expediente Picasso
Pablo Ruiz Picasso, el héroe de la Guerra de África Juan Picasso, fue el responsable de la que es considerada como una de las instrucciones militares más importantes de la historia de España y, desde luego, la que generó más polémica en la sociedad, el expediente que lleva su apellido. Siendo nombrado en febrero de 1921 general de división, tras el desastre rifeño, la confianza que el ministro de guerra, el vizconde de Eza, mantenía en él, instigó que este le encargara investigar las causas de aquel desastre y, sobre todo, el abandono de las posiciones que provocó la multiplicación del número de bajas.
Picasso fue enviado a investigar in situ a Melilla y desde allí tuvo que hacer frente a numerosas presiones por parte de los más altos mandes militares para que no realizara su labor con la minuciosidad pretendida por Picasso. Pero el general soportó las coacciones con valentía y siguió con sus investigaciones en profundidad. El 18 de abril de 1922 Picasso entregó al Congreso de los Diputados 2.417 folios que constituían el informe. El 20 de abril, el Consejo Supremo de Guerra y Marina hallaba indicios de responsabilidad penal contra las actuaciones de los generales. Meses después se iniciaba una actuación política en la que se establecieron varias comisiones parlamentarias. La buena fama del ejército, incluso del rey, quedaba mancillada por los hechos investigados. Más aún cuando las conclusiones llegaron a la prensa. En ellas quedaban claras las extraordinarias irregularidades y ausencia de previsión que se provocaron finalmente la tragedia. La irregularidad de los generales había sido manifiesta, incluso con corrupción en las actuaciones de los oficiales y altos mandos. El armamento era poco adecuado, la tropa apenas estaba preparada. En cierto modo, los altos mandos habían llevado a los soldados a una muerte segura. Berenguer llegó a ser condenado por un tribunal militar y las tensiones políticas y a pie de calle fueron in crescendo.
Alfonso XIII comenzaba a ver peligrar su puesto, en tanto su red de amistades lo emparentaban con algunos de los responsables. La segunda comisión de investigación estaba a punto de presentar sus conclusiones cuando el 13 de septiembre de 1923, el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, apoyado por el rey, situó en el cajón del olvido una de las investigaciones más sinceras –y peligrosas para el poder– de la historia de la España moderna.