Puigdemont volverá a Bélgica tras renunciar Llarena a su entrega
El juez del Supremo carga contra el tribunal de Schleswig-Holstein por su “intromisión” en la Justicia española Los fugados podrán moverse por la UE y sólo serán perseguidos en España
En otro giro de guión que abre un nuevo escenario en la crisis independentista catalana, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó ayer la entrega del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por Alemania, país donde fue detenido en marzo, y retiró la orden europea de arresto contra él. En un auto emitido ayer, el magistrado critica duramente la decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein de extraditarle sólo por el delito de malversación por su “falta de compromiso” e “indebida intromisión” en la Justicia española.
Llarena responde así a la decisión de la Audiencia alemana que hace una semana resolvió a favor de su extradición por mal-
El magistrado rechaza que sólo sea juzgado por el delito de malversación
versación pero no por rebelión, y, además, retira la orden europea e internacional de detención que pesaba contra Puigdemont, lo que significa que tendrá plena libertad de movimientos en el extranjero. Pero no podrá regresar a España ya que sería automáticamente arrestado –al estar vigente la orden de detención nacional– hasta pasados 20 años, lo que tarda en prescribir el delito de rebelión.
El juez también retira las ór- denes europeas e internacionales de detención contra los ex consejeros fugados Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, además de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Con todo, estas órdenes se pueden reactivar en el futuro e, incluso, dictar otras nuevas.
Una portavoz de la Fiscalía del Estado alemán de Schleswig-Holstein explicó que si la orden europea de detención se retira oficialmente “significaría el cierre del procedimiento de entrega”.
Llarena opta por esta decisión al considerar que las negativas de Bélgica y Alemania a extraditar a los fugados por rebelión, que es la base sobre la que se sostiene todo el procedimiento, “deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento”.
En su auto, el juez denuncia “la falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein” con “unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español”.
Considera que este tribunal no tiene capacidad normativa alguna ni legal ni materialmente para anticipar un futuro enjuiciamiento de los hechos y abordar las intenciones que pudieron guiar a Puigdemont, cu- ya versión –añade el juez– llega a ser considerada por los jueces alemanes como una prueba definitiva, sin confrontarla ni con el resto de pruebas ni con las acusaciones del procedimiento.
El magistrado destaca, además, que la Audiencia alemana estaba obligada a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que para que ésta sea vinculan-
te debe hacerla Alemania ya que si la hubiera hecho España sería puramente consultiva.
Y argumenta al respecto las dudas interpretativas del tribunal alemán, la posición siempre favorable de la Fiscalía de este país a cursar la extradición por los dos delitos y la imposibilidad del Tribunal Supremo español de recurrir la decisión de las autoridades judiciales alemanas ante ninguna instancia.
Se da la circunstancia de que la decisión de Llarena se ha producido el mismo día en que la Fiscalía del Supremo se opuso a la puesta en libertad de los presos preventivos del procés en un escrito en el que aprovecha para criticar la “indebida intromisión” de la Audiencia alemana en la jurisdicción española.
La Fiscalía cierra filas con la actuación de Llarena y asegura que la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein supone un incumplimiento del marco jurídico europeo y no puede condicionar “la mayor o menor relevancia penal de los hechos” ni su calificación jurídica, pues esa es competencia de los tribunales españoles.
El Ministerio Público responde así a los escritos presentados por el ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los dirigentes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Todos ellos pidieron su puesta en libertad provisional en función del “nuevo contexto social y político” y de, según el Supremo, l a “supuesta bondad” de sus perspectivas jurídico-penales tras la decisión del tribunal alemán sobre Puigdemont.
La Fiscalía del Supremo volvió a denegar la puesta en libertad de los presos preventivos