CATALUÑA: LA TRAMPA DE LA BILATERALIDAD

APROVECHANDO los nuevos tiempos de distensión entre el Estado y la Generalitat inaugurados por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo catalán está intentando dar la sensación de que existe una relación entre el Gobierno nacional y el autonómico en pie de igualdad, como si de dos países soberanos se tratase. Esto quedó muy claro en la decisión de la Administración catalana de no acudir al pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera –en el que están representadas las comunidades autónomas de régimen general– y, a cambio, solicitar por carta el establecimiento de una “comisión bilateral” de asuntos económicos en los que se trataría la futura financiación de Cataluña.

Esta estrategia de la Generalitat, presidida en la actualidad por un independentista convencido y radical como es Quim Torra, es algo que no se debe tomar a la ligera y que constituye una trampa que en la que el Estado debe evitar caer a toda costa. Si algo han demostrado en los últimos tiempos los separatistas es sus altas capacidades para la manipulación propagandística e informativa, y dicha comisión sería fácilmente vendible como un paso más en lo que ellos denominan la “construcción nacional de Cataluña”. Por eso, ha hecho muy bien la actual ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, en dejarle muy claro al vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés –que fue el que firmó la carta con la petición–, que “el único foro donde el Gobierno discutirá la reforma del modelo de financiación autonómica será el Consejo de Política Fiscal y Financiera”. El rechazo de la ministra tiene un doble sentido. El primero es de orden práctico y pretende evitar que Cataluña logre, como lleva intentando desde los tiempos de Artur Mas, una financiación privilegiada y fuera del régimen general. Montero, desde sus tiempos de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, ha sido una firme defensora de la igualdad de los territorios en los asuntos relacionados con la financiación, algo que no debe cambiar ahora. El segundo sentido es de orden simbólico y pretende dejar claro que Cataluña, con todas las particularidades que se quieran, es un territorio más de España y como tal debe participar en los órganos en los que estos están representados. El caso de la fiscalidad diferenciada del País Vasco y Navarra (espejo en el que se quieren mirar algunos catalanistas) responde a raíces históricas, antiguas y concretas, que poco o nada tienen que ver con Cataluña.

Los independentistas quieren una comisión bilateral de financiación para obtener privilegios y dar la imagen de que son un país soberano