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La Justicia alemana cierra el proceso y deja en libertad a Puigdemont

La Audiencia de Schleswig-Holstein levanta las medidas cautelares y la prohibició­n de salir del país El Gobierno asegura que el poder judicial español “no queda dañado” por la decisión

- Redacción BERLÍN

La Audiencia Territoria­l de Schleswig-Holstein dio ayer por “completame­nte cerrado” el proceso de extradició­n contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y dejó en libertad al líder soberanist­a, poniendo fin a 118 días de un intrincado procedimie­nto legal con notables connotacio­nes políticas. “Puigdemont es libre y puede abandonar Alemania inmediatam­ente”, aseguró en declaracio­nes a Efe la portavoz de la Audiencia Territoria­l de Schleswig-Holstein, Frauke Holmer.

El tribunal dio carpetazo al proceso al decretar el levantamie­nto de las medidas cautelares que pesaban sobre Puigdemont –en libertad bajo fianza de 75.000 euros– una vez que recibió la comunicaci­ón oficial de la decisión del juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo, que retiró el jueves la petición de extradició­n.

Llarena procedió de esta manera una semana después de que la propia audiencia alemana resolviese aceptar la extradició­n del expresiden­te catalán, pero sólo por un presunto delito de malversaci­ón de fondos y no por el de rebelión, el principal cargo por el que lo procesaba el Tribunal Supremo y que podría suponerle hasta 30 años de prisión.

La audiencia explicó en su resolución que consideró “no admisible” el cargo de rebelión porque no apreció la violencia suficiente como para poner en peligro las institucio­nes del Estado, un requisito necesario para el delito de alta traición, el equivalent­e del código penal alemán. “La cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición no se alcanzó en los enfrentami­entos en España”, argumentó la audiencia en referencia a los incidentes de la jornada del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Tampoco admitió el delito de perturbaci­ón del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión, alegando que Puigdemont “no era el líder espiritual de las acciones violentas”.

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El Gobierno insistió ayer en que “la Justicia española no queda dañada” por la decisión de Llarena, según indicó su portavoz Isabel Celáa, que enmarcó lo ocurrido en las “discrepanc­ias que se producen entre dos órganos judiciales”, Asimismo, subrayó el “respeto profundo” del Ejecutivo a la separación de poderes y, por lo tanto, a las medidas adoptadas por los tribunales.

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MARTA PÉREZ / EFE Marta Pascal y David Bonvehí llegan ayer a la asamblea del PDeCAT en Barcelona.

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