El Estado indemnizará con 600.000 euros a una víctima por maltratos
El Tribunal Supremo concede la reparación moral a la madre de una niña asesinada en 2003 por su padre, anteriormente condenado
El Tribunal Supremo condena al Estado a pagar 600.000 euros a Ángela González, cuya hija fue asesinada en 2003 por su padre, condenado por maltrato, aprovechando una visita sin supervisión. Tras la negativa del Ministerio de Justicia y después de que la mujer acudiese a la ONU, el alto tribunal considera que debe ser indemnizada por daños morales.
Se trata de la primera vez que se condena a España a pagar una indemnización por no cumplir un dictamen de un comité contra la discriminación de la mujer de Naciones Unidas. Ángela González lleva 15 años “luchando” para que se reconozca que en el caso del asesinato de su hija hubo una “negligencia” de la Justicia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo remitió la sentencia que obliga a la Administración a cumplir el dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (Cedaw) y, por tanto, a otorgar una reparación adecuada y una indemnización proporcional, ya que se vulneraron los derechos fundamentales de la mujer a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral y a la tutela judicial efectiva.
Tras el asesinato de su hija el 24 de abril de 2003, González presentó ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración. En este escrito alegó que la muerte de su hija se podría haber evitado si se hubiese mantenido el régimen de visitas con vigilancia inicialmente establecido para regular la separación matrimonial.
Pese a la reiterada oposición de González, un juzgado de Navalcarnero (Madrid) modificó el régimen de visitas aceptando que el padre –quien había sido denunciado por su ex pareja hasta en 47 ocasiones por malos tratos y otras causas– viese a la menor sin vigilancia. En uno de estos encuentros, el hombre mató a su hija de siete años y luego se suicidó.
Después de que el Ministerio de Justicia rechazase la reclamación, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la madre acudió a la ONU, de la que obtuvo el amparo. Así, regresó al Ministerio de Justicia en febrero de 2015 con la resolución del Cedaw, dictada en julio de 2014 para solicitar de nuevo la indemnización.
El Cedaw condenó a España a “tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no pongan en peligro la seguridad de las víctimas de violencia, incluidos los hijos”.
En esta segunda ocasión, el mi- nisterio no se pronunció, por lo que González interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional, que una vez más dio la razón a la Administración, ya que no apreció que existiesen datos que indicasen que el régimen de visitas que existía implicase peligros para la vida o la salud física o psíquica del menor.
La madre recurrió al Tribunal Supremo solicitando una indemnización de 1,2 millones de euros por vulneración de derechos fundamentales. El alto tribunal finalmente ha estimado parcialmente su solicitud y afirma que las resoluciones del Comité de la Cedaw son aplicables en España y concede la indemnización de 600.000 euros y condena al Estado a pagar 10.000 euros por las costas.