Pilares nuevos para unaeducación con retos alargo plazo
La ley Celaá se convierte ahora en un frente político para la Consejería que dirige Imbroda El decreto de escolarización provocó la primera huelga contra el Gobierno del PP y Cs
EL PSOE ha logrado que la educación llegue a todos los andaluces, pero ha renunciado a la excelencia para conseguirlo”. La frase la pronunció el actual consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, durante un encuentro informal días después de hacerse con el cargo. Un enunciado con el que desvelaba sus objetivos en este mandato, en el cual las políticas educativas de la Junta han recaído en Cs. La excelencia en la enseñanza, y lo que este término conlleva –reducción drástica de las tasas de fracaso y abandono escolar–, no es un fin que pueda alcanzarse en cuatro ni en ocho años. Hacen falta varias legislaturas para que la comunidad autónoma abandone los últimos puestos que lleva ocupando desde hace décadas en los distintos rankings que miden las competencias que han adquirido los alumnos en las aulas. Una meta a largo plazo para la que Imbroda ha intentado en este bienio asentar las bases.
Y decimos que lo ha intentado por dos razones fundamentales. Primero porque no lo ha tenido fácil por la falta de acuerdo con los agentes de la comunidad educativa. Y segundo, porque muchas de las iniciativas puestas en marcha no se han desarrollado todo lo bien que en un primer momento se preveía. A ello hay que sumar el enfrentamiento político con un Gobierno central que las últimas semanas ha iniciado la aprobación de la Lomloe (la denominada ley Celaá), que supone un choque frontal con algunos de los principios defendidos por la Consejería de Educación estos dos años.
El primer enfrentamiento con la comunidad educativa llegó en vísperas del verano de 2019. Imbroda, en su intento de frenar las altas tasas de abandono escolar, ideó un programa de refuerzo estival que, en su primera convocatoria, tuvo una escasa acogida. En el periodo de solicitud sólo se registró un 1% de las 100.000 peticiones previstas, lo que obligó a ampliar el plazo. Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos (AMPA) aprovecharon estos malos datos para arremeter contra la nueva política educativa y advertirle al consejero de que sin sus apoyos resultaría muy complicado lograr cualquier meta. La tensión estaba servida.
Semanas después, en un foro organizado por el Grupo Joly, el que fuera en su día uno de los más importantes entrenadores de baloncesto alertó de que Andalucía se encontraba en “emergencia educativa”. Una afirmación que le valió para defender el referido programa –que en su segunda edición, coincidente con la pandemia, disparó su acogida–, al recordar que 240.000 menores sufrían por aquel entonces riesgo de abandono escolar.
Imbroda aprovechó aquella ponencia para adelantar algunas de las propuestas del presente mandato. Una de ellas –ya consumada– fue la desaparición de la antigua Agencia de Evaluación que, en su opinión, se había convertido en una “comisaría política”. Este ente absorbió al ISE y se encarga también ahora de planificar las mejoras de las instalaciones educativas. No en vano, al llegar a Torretriana, el consejero se encontró con una lista de 2.746 obras escolares pendientes. Algu
nas de ellas llevaban esperando 13 años. El coste total de las actuaciones superaba los 800 millones de euros. Para atender estas necesidades (comprobadas durante la ruta que realizó a las ocho provincias andaluzas al ocupar el cargo), ideó un nuevo plan de infraestructuras que se ha concretado en un convenio marco que agiliza la adjudicación de los contratos y reduce, por tanto, el inicio de los trabajos.
Uno de los principios de la política educativa andaluza en esos dos años ha sido la defensa de la libertad de elección de los padres en la formación de sus hijos y de la pluralidad de los modelos de enseñanza. Tanto PP como Cs han estado de acuerdo en superar el debate que enfrenta a los colegios públicos con los concertados. Son dos redes, a juicio del Ejecutivo autonómico, complementarias, de ahí que uno de los cambios introducidos en el nuevo decreto de escolarización que entró en vigor en marzo fuera que cada distrito educativo contara con ambos tipos de escuela, siempre que fuera posible. Una alteración que supuso la primera huelga contra el nuevo Gobierno andaluz.
El pasado 3 de marzo la mayoría de sindicatos docentes y la Concapa, la federación andaluza de AMPA públicas, se echaban a la calle en una jornada de paro que tuvo un seguimiento dispar, según aportaran los datos los convocantes o la Junta. Era la muestra de la gran fractura en la comunidad educativa que había comenzado un año antes.
Una división que casi nueve meses después vuelve a evidenciase por otra normativa, en este caso estatal, la conocida como ley Celaá, que ha provocado varias manifestaciones, al priorizar la enseñanza pública por encima de la concertada y eliminar la financiación a la educación diferenciada, entre otras alteraciones. Unos preceptos que chocan frontalmente con los defendidos por el Ejecutivo de Juanma Moreno durante este tiempo. El Gobierno andaluz ya ha anunciado que, a la hora de redactar la orden que desarrolle a nivel regional la Lomloe, atenuará sus efectos “nocivos” para garantizar la libertad de elección de las familias.
La educación se convertirá otra vez en un arma arrojadiza entre gobiernos de distinto signo político, como ya ocurriera con la ley anterior, la Lomce, cuando Rajoy ocupaba la Moncloa y Susana Díaz hacía lo propio en San Telmo. Por aquel entonces, también la Junta, dentro de sus competencias, desarrolló una norma con la que hizo una aplicación bastante light de la polémica ley Wert que, finalmente, no se ha llegado a ejecutar por completo. Todo apunta a que con la actual pasará lo mismo, ya que el PP ha prometido que en caso de hacerse con el Go
La enseñanza superior andaluza se ha visto condicionada por dos retos planteados por el actual Gobierno andaluz estos dos años. Uno ha sido el del mapa de las titulaciones acadé micas, cuyo objetivo es reducir las duplicidades y ajustar la oferta de estudios a la demanda del mercado laboral. Tanto las instituciones como la consejería que dirige Rogelio Velasco han elaborado estudios que ponen de relieve esta situación que conviene abordar cuanto antes. El consejero espera tener una propuesta firme sobre la mesa la próxima primavera. bierno de España, la derogará. Un enfrentamiento que aleja cualquier posibilidad de consenso en la educación, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Y lo que es peor,las batallas políticas dejan muy atrás los retos que debe perseguir la enseñanza actual: reducir el fracaso y aumentar la excelencia.
El segundo de los retos atañe a la financiación de las diez universidades públicas que hay en la comunidad y, en especial, a los remanentes, que el Ejecutivo regional se ha reservado para los fondos de la reconstrucción social y económica de Andalucía tras la crisis del Covid. Este uso ha provocado duras críticas por parte de varias universidades, especialmente de la Universidad de Sevilla (US), cuyo rector, Miguel Ángel Castro (elegido para un segundo mandato), fue especialmente contudente en la apertura oficial del curso actual, donde lamentó que los ahorros universi
Precisamente la excelencia fue una de las primeras apuestas de Imbroda, motivo por el cual decidió al poco de aterrizar en la consejería acabar con el estancamiento que sufría el Bachillerato Internacional en Andalucía. Desde que se implantó en 1989 en el IES Martínez Montañés, en Sevilla capital, este programa académico de gran prestigio se había quedado limitado a 60 plazas. No ha sido hasta tres décadas después cuando se ha podido extender a todas las provincias de la comunidad, al contar cada una con un instituto público que lo oferte. Ahora podrán cursarlo 245 jóvenes, pese a lo cual una treintena se han quedado fuera.
Además de la excelencia, otra de las apuestas educativas de la Junta en estos dos años de mantarios sirvan para financiar nuevos programas de Canal Sur
TV. Velasco contestó días después recordándole a Castro la deuda que la US mantiene por la biblioteca que tuvo que derribar tras el fallo de los tribunales. La tensión está servida. La enseñanza superior, por otra parte, se enfrenta también al reto de la digitalización plena, tras tener que suspender por segunda vez este año sus clases presenciales a raíz de la pandemia. Los sindicatos de estudiantes ya han pedido a la Junta que permita la vuelta a las facultades cuanto antes. dato se ha centrado en estrechar la relación entre el aula, la empresa y el mundo laboral, de ahí que se haya ampliado la oferta de la FP en sus diversas modalidades. Una medida que también ha recibido críticas, especialmente cuando se anunciaron los conciertos de estas enseñanzas posobligatorias. La intención no es otra que responder, mediante el aumento de la oferta pública con 13.000 plazas, a los 30.000 alumnos que se quedan fuera de los ciclos formativos cada curso. Para que los centros privados reciban fondos de la Junta deben reunir diversos requisitos, que van más allá de la demanda. El principal objetivo es incrementar la red de la FP (más que el Bachillerato) y, para ello, debe tratarse de titulaciones con alto nivel de empleabilidad o que, en caso de que carezcan de esta cualidad, las cambien por otras especialidades que sí posean un alto grado de inserción laboral.
La política educativa también ha puesto de relieve desde el 2 de diciembre de 2018 la tensión existente entre los socios de investidura, especialmente por parte de Cs y Vox. Una disparidad de criterios que se evidenció en el polémico PIN parental que el partido liderado a nivel nacional por Santiago Abascal reclama para que la impartición de ciertas enseñanzas cuente con el consentimiento de las familias. Imbroda afirmó que lo que se necesita es “sentido común” y no le tembló el pulso al cuestionar la conveniencia de “matizar” uno de los acuerdos pactados con Vox para aprobar el presupuesto, que recoge el PIN parental. El consejero insistió en que este acuerdo paternal ya está representado en el consejo escolar, que tiene la última palabra a la hora de aprobar las actividades extraescolares y complementarias de cada centro.
Otra de las iniciativas de Imbroda que se frenó en seco fue la de unir los centros de Primaria y
Secundaria, como ocurre en la enseñanza concertada. Para el consejero, uno de lo mayores errores de la Logse (en la década de los 90) fue precisamente dividir en centros distintos estas etapas. Por tal motivo, planteó que los colegios que quedaran vacíos por la bajada de la natalidad pudieran acoger dicha fórmula. Tal propuesta provocó las críticas de sindicatos y AMPA, especialmente en la provincia de Granada, donde, por su dispersión demográfica, existe un elevado número de escuelas rurales y centros semi-D, esto es, que suman en sus instalaciones Infantil, Primaria y el primer ciclo de ESO.
La crisis vivida en Granada incluyó la dimisión del delegado territorial de Educación, Antonio Jesús Castillo. No mucho más tranquila ha sido esta primera mitad de legislatura en Sevilla, que ha conocido ya cuatro delegados provinciales. Aunque, en este caso, estos cambios obedecen más a las tensiones que se viven dentro de la formación naranja que a diferencias en la política educativa. Otro frente que ha tenido que apaciguar Imbroda.
Al llegar a la Consejería, Imbroda aseguró que Andalucía se encontraba en “emergencia educativa” Una de las iniciativas que se han paralizado es la de unir centros de Primaria y Secundaria,
como ocurre en la enseñanza concertada
Los partidos extremistas no creen realmente en el servicio público, parecen ansiar de su
servicio particular
El recorte de 14 millones exigido por Vox para el presupuesto de 2021 ha enervado a la plantilla
El cambio de directiva se hizo tarde y la autonómica sigue sin rumbo definido en futuro y contenidos
El rector de la Universidad de Sevilla cuestionó la dotación de urgencia recibida por la RTVA
CONVERTIR a los 1.410 trabajadores de la RTVA en sospechosos de su labor no crea calma en el seno de la plantilla y no despierta confianza sobre el plan futuro que tenga el bipartito sobre la corporación más visible de la Junta. Dos años después Canal Sur parece la misma aunque con otros jefes para encabezar los noticiarios. El ruido político en torno a la televisión autonómica, en tiempos que deberían ser de reinvención y modernización, contribuye a emborronar méritos y aspiraciones de los que trabajan en la casa.
Aunque a la plantilla se le garanticen los puestos pese a accederse al tajo del 10% del presupuesto exigido por Vox de cara a 2021, el futuro se plantea incierto para un colectivo con tal alta edad media y sobredimensionado por necesidades de otro tiempo. La carga de personal en tareas auxiliares y administrativas, más muchos puestos acomodados en facetas nebulosas, deja poco margen de recursos humanos para hacer radio y televisión (e internet y redes), cuando además el mapa andaluz obliga a extenderse por complejidades y centros territoriales. Una plantilla como la de la RTVA supone unos 91 millones de euros anuales cuando la transferencia prevista para 2021 será de 134,5 millones, 6 millones por debajo del contrato-programa que vino a regir durante los últimos años socialistas. Los 140 millones no eran suficientes para que también se pudiera renovar el apartado técnico, amén de las programaciones en sí. Realmente en Canal Sur no hay tanta gente para hacer los contenidos, como admiten profesionales de la corporación, pero el destino inestable vuelve a ser para las productoras externas, a las que se les va a pedir otro 10% de reducción y aumentar el esfuerzo. Ese recorte es un daño añadido a la brutal caída de la facturación publicitaria con la pandemia, los peores meses de nuestras vidas. Con un panorama así se presenta una etapa aún más complicada para que Canal Sur Televisión recupere espectadores y, por tanto, presencia en la sociedad andaluza. Alterar la tendencia y mejorar el entorno del 8% de estos meses (6,9% en abril, en pleno confinamiento) requiere un compromiso colectivo que no se vislumbra.
Los despidos, con el recuerdo y lecciones de Telemadrid y Canal 9, no se vivirán a corto plazo en San Juan de Aznalfarache, pero sí de manera silenciosa en esas empresas, más o menos próximas a intereses particulares, que hacen la televisión generalista para la cadena autonómica. Ya viene pasando desde los primeros recortes en producción externa de 2009 (con Pablo Carrasco, productor ahora del teatral El show de Bertín, recién llegado a la dirección general).
La producción propia se encarga de la cobertura informativa en televisión amén de una más que correcta programación radiofónica donde no se viven tantos seísmos. Los 14 millones pedidos por Vox no cortan la cabeza a nadie, pero sí son un recorte evidente a una empresa tan cuestionada sobre su utilidad y servicio público. El bipartito no ha sabido en dos años transmitir confianza sobre
Canal Sur, ni dentro ni hacia fuera. La radiotelevisión pública es un servicio esencial por proximidad y vertebración, palabras que sobre el papel suenan a administración eficaz, pero en el caso de nuestras cadenas (nacionales, autonómicas y locales) son expresiones que se disipan por la continua intervención política. En TVE se han alcanzado cotas preocupantes, pese al aumento de la transferencia pública de cara a 2021 y en Canal Sur, además, se produce ese recorte del 10%. En TVE maniobra Unidas Podemos y en el caso de la autonómica sufre la exigencia, de apariencia persecutoria, de Vox. Los extremos se tocan para tocar las cadenas de todos. Son formaciones políticas que no confían en la TV pública. Los partidos extremistas no creen realmente en el servicio público de los medios porque parecen ansiar un servicio particular para sí del que precisamente se han venido quejando de los demás.
Canal Sur fue durante años una herramienta más o menos eficiente. Incluso en etapas de mayor bonanza y mayorías dulces la cadena andaluza llegó a ser líder en el mando de las casas (había menos botones). El declive definitivo del PSOE andaluz coincidió con una crisis de contenidos y de dirección de la RTVA, que no ha sabido a lo largo del último decenio adaptarse a su lugar en la consideración del público. Las cadenas de proximidad deberían situarse en un rincón lucido: el del prestigio, incluso con airosa discreción. Y la cercanía, la identificación.
En el caso del bipartito PP-Ciudadanos la historia sólo ha cambiado de signo y se siguen reiterando errores de otros tiempos. Control y maquillaje de la información y en el entretenimiento contenidos fáciles y señas de identidad manidas. La tentación de enfocar los desvelos generalistas a un público de clase media baja, de avanzada edad y de ámbito rural.
Con un consejo de administración que tardó más de una legislatura para ponerse al día (beneficiándose de ello PSOE y PP), los cambios en la cúpula de la RTVA llegaron tarde, seis meses después de la toma de posesión. El director interino Joaquín Durán, tras seis años de prestado tuvo una propina inesperada para extender sus decisiones. Los ajustes de cuentas después han ido llegando a ritmo de farruca.
En el meridiano del mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla (a 683 días de su toma de posesión) Canal Sur no ha mejorado en ningún aspecto evidente y lo más valorable es la actitud conciliadora y tranquilizadora del director general, Juande Mellado. A lo largo de estos últimos meses en los que se ha agriado el panorama en el seno de la plantilla ha apagado algún incendio en las redes por omisiones en los informativos e insiste en que los puestos están garantizados pese a unos recortes que de nuevo supondrán la mencionada nueva sangría entre las productoras.
El clima dentro de la RTVA bulle de tensión social, un paisaje que incluso parecería desear Vox desde que se ufanara en pedir el cierre de la corporación, y los sindicatos han convocado dos jornadas prenavideñas de huelga general. Las razones precipitadas de los apagones de febrero se antojan ahora mínimas frente a la amenaza del futuro. El consejo de administración, presidido por un periodista, Rafael Porras, ha mostrado su preocupación por el contexto actual, aunque parece una comisión que históricamente se toma las cosas con conformismo. Durante mucho tiempo pagó cargos que se dedicaban a otra cosa, los consejeros ahora tendrían la oportunidad de ganarse el magnífico sueldo.
Juande Mellado, esforzado pese a todo por la paz social y por la mejora en las condiciones de trabajo, se ha interesado por la dotación de nuevos equipos y modernización de instalaciones, con partidas destinadas expresamente como los 3,5 millones que se preveían para 2021, más todo lo que supone tratamiento del fondo documental para la plataforma bajo demanda, aliciente para rentabilizar la producción propia.
Cambiar el rumbo de los informativos de una cadena pública no se hace atrayendo a los simpatizantes, sino a
los contribuyentes Un presidente de imagen cercana y ponderada como Juanma Moreno no necesita manipulación
para convencer
El periodista Ignacio Martínez acuñó en estas páginas de manera certera el término de “San Telmo Televisión” para definir ese concepto de televisión informativa oficialista (tan de cadenita local) centrada en los logros del Ejecutivo. El presidente de la Junta aguarda incluso al inicio del Noticias 1 para aparecer en sus últimas comparecencias de estado de alarma, como si tratara de animar los audímetros y creer que su popularidad estriba en el share y en imitar las formas de Pedro Sánchez.
Pese a ese empeño de ensalzar todo lo que sea gobierno y amigos, un presidente de imagen cercana y ponderada como la de Juanma Moreno no necesitaría manipulaciones, fanfarrias y acentos perversos para convencer de una gestión razonable. Tampoco la del vicepresidente Juan Marín. La mayoría de los consejeros no requerirían de protección mediática, frente a las estridencias que resuenan por Vox y esa olla de grillos de Adelante Andalucía.
El problema de Canal Sur vuelve a ser de comunicación en los informativos. Y a tenor de unas cifras discretas en los noticiarios un rechazo a la polarización innecesaria y a los sesgos, a la apropiación de tantos minutos de alfombra. No sirve de nada tener un programa en prime time como Andalucía a dos voces para que sea una galería de consejerías y afectos y que lo vea menos del 2%, como sucedió con la titular de Cultura. Quien ha dado mayor audiencia ha sido una polémica parlamentaria de la oposición, Teresa Rodríguez. En la sobremesa, como suplemento de un matinal que despega a marchas forzadas, se instaló la Mesa de análisis de Teodoro
León Gross, de apariencia plural y aportaciones interesantes que anota sobre la mitad de Al rojo vivo, pero plataforma el Noticias 1.
La actitud del director de Informativos, Álvaro Zancajo, con presiones internas, defenestraciones y conflictos personales, tampoco es de las que contribuyen a un horizonte esperanzador. La idoneidad del fichaje de este directivo, con el fin de que los contenidos fueran del agrado del Gobierno y sus allegados, es dudosa. Recomendado desde el PP de Madrid, no se ha mostrado como una persona de motivación y que atraiga con implicación al grueso de los profesionales. Más allá de conocer la realidad andaluza y de lo que supone Canal Sur en la vida de los andaluces (aspectos de los que Zancajo no podría hacerse una idea como la de un profesional de la casa como el breve director Javier Domínguez) dirigir los informativos de la autonómica del Sur no es tanto cuestión de propaganda e imposición, sino de proximidad y de sensibilidad. Y el público lo nota. Madrid sigue siendo Celtiberia, un centro que sigue estando lejos de Tartessos, como demuestran esos analistas sólo preocupados en las intrigas de la Carrera de San Jerónimo.
Tenemos un mal Gobierno en Madrid, pero el revanchismo de allá no se puede transportar con frivolidad a Andalucía. Convertir en secuaces tóxicos a veteranos profesionales, como si nuestro pasado reciente de PSOE andaluz fuera una rémora bochornosa, es desconocer Andalucía en sí misma. Haber trabajado en Canal Sur años antes no debería ser un crimen.
En los días de la pandemia ha habido jornadas muy preocupantes que llevaron a los espectadores andaluces a sintonizar con su cadena autonómica, pero esos datos puntuales no deberían ser esgrimidos como méritos de nadie. Si hay que escudarse en los datos vayamos a días convencionales: el Noticias 1 de este martes anotó 239.000, 11,1% y el miércoles, 230.00, 9,5%. El N-2, 270.000, 8,9% el martes, y 283.000, 8,7%, el miércoles. Para ser contenidos de hábito las cifras no son brillantes y no justifican la masacre vivida en la redacción desde marzo. Los datos son parecidos a los de un año atrás y palidecen con los mejores tiempos. En comparación, los informativos de TV3 siempre están por encima del 20%; en Galicia sobre el 15%, como en la ETB 2 vasca o en Aragón TV. Todas estas autonómicas ya superan en media anual a Canal Sur, líder de las autonómicas hace quince años, y en parte se debe a esa fidelidad diaria en los informativos que se ha perdido desde hace tiempo, mucho antes del vuelco electoral del PP. Cambiar el rumbo de los informativos de una cadena pública no se hace atrayendo a los simpatizantes de cada uno, sino a todos los contribuyentes. A eso se acerca la privada Antena 3, cuyos informativos escalaron hasta ser líderes desde que precisamente Zancajo abandonó esta cadena.
En el apartado de entretenimiento la dirección la ocupa una persona de la confianza del consejero Elías Bendodo, la malagueña Isabel Cabrera, ejecutiva de programas antes, y que ha mantenido una línea continuista en las tardes, pilar consolidado de audiencia desde hace lustros, entre el magacín de Juan y Medio y el veterano Andalucía Directo (la infantería es la mejor conexión con el espectador medio), por encima de los dos dígitos, aunque con una progresiva y lenta pérdida de seguidores.
Los espacios de puro servicio público mantienen a sus seguidores por encima de los vaivenes, al margen de la política, como sucede con Tierra y mar, Destino Andalucía, Salud al día, Espacio protegido, Los reporteros, los de siempre. Otros contenidos similares, con documentales y redifusiones, se instalan en Andalucía TV, segundo canal que sigue sin remontar desde su invisibilidad del 0,4%.
Con el ex director general Pablo Carrasco, revalorizado por la actual directiva, se aceleró la pérdida de audiencia y bajo su mandato desapareció Canal Sur 2. Esa pérdida en el mando tuvo más consecuencias de fidelidad que el ahorro pequeño que aparejó su desaparición. Carrasco se encontró con una audiencia media anual del 15,6% y en el año de su marcha, 2013 (se llevó a TVE a Toñi Moreno con el formato que ella presentaba en las mañanas), la media anual fue de 9,9%. El programa de Bertín Osborne, que se graba en el mismo teatro que Tierra de talento, es el más caro de la autonómica (unos euros por encima del talent de Manu Sánchez) y apenas con la presencia de María del Monte ese show ha superado los dos dígitos. La Universidad, tan olvidada en Canal Sur, elevó la voz a través del rector Miguel Ángel Castro, quien lamentó que para financiar ese programa la autonómica recibiera 11 millones de euros del fondo de emergencia habilitado por el Covid.
La conformación de la parrilla de Cabrera ha llevado una deriva algo dispersa, guiada a veces por la improvisación, la precipitación o en la inspiración de canales más conservadores, como Trece o Intereconomía, guiño a Vox que va más allá de Todo caballo, Toros para todos y una abundante temporada taurina. No se entiende que se programen películas del Oeste en los fines de semana o se retransmitan misas romeras con poca audiencia. Para tener una programación folclórica al gusto de Vox ya durante lustros Canal Sur iba sobrada, así que era difícil complacer aún más. Las películas de los martes y viernes están registrando más espectadores que la mayoría de los programas nocturnos de la autonómica, franja de prime time antecedida por un formato de Mediapro, la multinacional de Jaume Roures, que versionan distintas autonómicas, Atrápame si puedes, presentado por Manolo Sarria, y cuyo nivel de preguntas se aleja de los formatos de La 1 o Antena 3, que agranda su papel de referente.
En etapas anteriores la oposición del PP lanzaba el dedo acusador contra las productoras amigas de los directivos de Canal Sur. La dirección de Juande Mellado ha creado protocolos para la aprobación de proyectos creativos pero en este año y medio inicial parece que algunas firmas han tenido ventaja para poner en marcha programas e incluso documentales especiales de alto coste. La originalidad y el riesgo no han sido la tónica y hubo un formato, Aguja f lamenca, que podría recibir una futura demanda de la productora Shine por plagio de Maestros de la costura.
Al cabo de 31 años, 9 meses y 2 días, 11.598 días desde que comenzaron las emisiones, Canal Sur sigue perdiendo presencia. El cortoplacismo, el resultadismo para presentar a los políticos, es la obsesión que impide metas más ambiciosas. De los 11.598 días sólo 683 han sido con el gobierno de Juanma Moreno, plazo corto para cambios revolucionarios pero margen suficiente para escapar de errores de los antecesores.