La armonización pone la lupa en la disparidad fiscal autonómica
La reforma de este sistema está pendiente desde hace seis años
La reapertura del debate sobre la armonización fiscal ha devuelto a la actualidad la disparidad que existe entre los tributos que se pagan en cada región, un asunto controvertido que toca las competencias autonómicas y entronca con la reforma del sistema de financiación pendiente desde 2014.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, explica que lo primero sería abordar la actualización del sistema de financiación autonómica, lo que permitiría desarrollar unas “reglas de juego” claras en las que fomentar la competencia fiscal. En su opinión, esta transparencia es clave para que los contribuyentes tomen sus decisiones ante las distintas opciones “ideológicas” de la política fiscal autonómica.
En ese mismo sentido se pronuncia la presidenta de Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Stella Raventós, que defiende que cada comunidad tiene libertad para aplicar sus competencias en materia fiscal “y no se pueden quejar de que otros hagan lo contrario”. Una armonización fiscal pasaría, a su juicio, por una modificación de estas competencias y un debate profundo que incluyera la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (Lofca).
El acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno para avanzar en la armonización no ha sido concretado, aunque algunas iniciativas apuntan al establecimiento de tipos máximos o mínimos para impuestos como los de patrimonio o sucesiones y donaciones en las comunidades del régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra).
El pacto nace de un enfrentamiento antiguo, ya que varias comunidades, no sólo Cataluña, acusan a Madrid de aprovechar la capitalidad –que le permite tener contribuyentes de alto poder adquisitivo y la sede de grandes empresas– para hacer dumping, competencia desleal en materia fiscal.
Al margen de Madrid y Cataluña, la reapertura del conflicto ha desatado posiciones diversas en las regiones, desde el apoyo de las socialistas Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha al rechazo tibio de las populares Castilla y León –que aboga por armonizar a la baja– o Galicia –que considera que la armonización “no es mala”–.
El presidente, Pedro Sánchez, ha defendido que la armonización fiscal “se tiene que producir en determinados impuestos” para garantizar “la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos”.
La comparación de los impuestos autonómicos es compleja, ya que hay una gran disparidad de tramos, tipos o bonificaciones, aunque el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020 del Consejo de Economistas da pistas.
El impuesto de patrimonio, que sólo pagan los contribuyentes con un patrimonio de más de un millón de euros, tiene en términos generales un mínimo exento de 700.000 euros salvo en Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. Aunque los tipos son similares en todas las comunidades –entre el 2,5 y el 3,75%–, Madrid lo bonifica al 100%.
Según el Consejo General de Economistas, los cónyuges, descendientes y ascendientes prácticamente no pagan el impuesto de sucesiones en Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia y el País Vasco.
En el IRPF, las comunidades con tipos mínimos más bajos son Canarias, Madrid y La Rioja (9%) y el más alto se da en Cataluña (12%).