Gobernares reformar
La reforma educativa debe combinar tres objetivos: inclusividad social, capacitación
laboral y responsabilidad
individual
● La política de desarrollo económico debe favorecer el fortalecimiento de los sectores y empresas con mayores capacidades productivas ● El Gobierno regional ha abordado algunas iniciativas reformistas, pero son muy limitadas, en relación con lo deseable y con el acuerdo de gobierno
LAS normas, organismos y políticas que rigen las sociedades están sometidas a la obsolescencia por los cambios tecnológicos, demográficos, culturales y económicos, por lo que deben adaptarse a las nuevas realidades y a los nuevos conocimientos, de tal forma que las sociedades que reforman sus instituciones con más agilidad y acierto son más dinámicas. Por ello, gobernar no es solamente enfrentarse a los problemas cotidianos e ir ajustando las políticas, sino que exige que los responsables públicos tengan perspectivas a largo plazo y proyectos coherentes para ir adoptando las reformas pertinentes.
Andalucía necesita reformas para enfrentarse a restricciones económicas y sociales importantes, como el bajo nivel de renta relativo, un elevadísimo paro estructural, una estructura productiva polarizada hacia actividades que incorporan poca tecnología y recursos humanos cualificados, resultados educativos deficientes, baja innovación, pocas empresas y de reducido tamaño, escasa dotación de capital productivo, etcétera.
De estas y otras limitaciones se tiene conciencia, pero para enfrentarse a ellas los gobiernos no abordan reformas consecuentes. En algunos casos porque no son competencia del Gobierno regional, en otros porque su abordaje es costoso políticamente y en otros porque no se tiene vocación transformadora, y se espera que con simples mejoras de las políticas tradicionales puedan lograrse mejoras suficientes para que se perciba la acción de gobierno sin incomodar a sectores significativos de la sociedad.
Tras las elecciones regionales del 2 de diciembre de 2018, el Partido Popular y Ciudadanos firmaron un acuerdo con 90 Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía de desigual concreción, pero presidido por un pregonado carácter de “Gobierno del cambio”, por lo que era de esperar que se abordasen, si no todas las reformas necesarias, sí al menos algunas que pudiesen evidenciar la tensión de un proyecto reformista. Sin embargo, si bien se han producido algunas iniciativas, el balance reformista hasta el presente es bastante limitado.
De todas las reformas estructurales deseables para Andalucía expongo brevemente las que estimo más relevantes. Algunas de ellas requieren la participación de la Administración central, pero desde el Gobierno regional se pueden abordar iniciativas que, aunque sean parciales, pueden contribuir a transformaciones sustantivas.
1 | La más trascendental a largo plazo es una reforma educativa que, más allá de las controversias ideológicas, aborde tres objetivos de largo alcance: la inclusividad social, la capacitación laboral y la responsabilidad individual. Estos tres objetivos exigen que el sector público asegure una educación de excelencia desde los 3 años hasta secundaria, lo que obliga a aumentar la financiación y a adaptar los contenidos docentes, el profesorado y la gobernanza tomando como referentes los modelos internacionalmente más exitosos. El acuerdo de gobierno incluía un apartado sobre Una educación que promueva la excelencia y garantice la igualdad de oportunidades, y se han producido algunas iniciativas parciales, como la de combatir el fracaso escolar, pero hay pocos indicios de que se pretenda caminar hacia una reforma más ambiciosa.
2 | La sanidad pública española es muy eficiente y de elevada calidad en múltiples indicadores, aunque la pandemia está poniendo de manifiesto que no es la mejor del mundo y que la gobernanza es muy deficiente. Pero, haciendo abstracción de la actual emergencia sanitaria, antes o después habrá de enfrentarse a dos realidades: una, la tendencia a un aumento del gasto sanitario muy superior al aumento de la renta, y otra, la ficción de una “sanidad pública universal gratuita”, ya que en torno al 30% del gasto