NO ES VENGANZA, ES JUSTICIA DEMOCRÁTICA

COMO era de esperar, el Supremo ha revocado el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve condenados a prisión por el procés por considerarlo prematuro. El Alto Tribunal entiende que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. Es evidente que la Generalitat ha dado un trato de favor a los presos independentistas y que de alguna forma, como dice el conocido refrán, dejar este asunto en las manos de la Administración catalana era como poner a la zorra a cuidar las gallinas. Desde el inicio del proceso judicial por los sucesos vinculados a la intentona sediciosa, el independentismo catalán ha intentado por todos los medios posibles desprestigiar la acción de la Justicia española, a la que ha dedicado todo tipo de descalificaciones. Por otra parte, ha presionado todo lo posible al actual Gobierno de las izquierdas de Pedro Sánchez para que adopte medidas de gracia que permitan a los presos salir de la cárcel lo antes posible. De hecho, la oposición sospecha que, entre las concesiones realizadas por el Ejecutivo para que el independentismo catalán votase sus Presupuestos Generales, estaba el futuro indulto a los presos, algo que el tiempo se encargará de aclarar. Iniciativas legislativas en marcha, como la reforma del delito de sedición, apuntan también en esta dirección. Una vez sabida ayer la decisión del Supremo, tanto la Generalitat como los partidos secesionistas fueron unánimes en calificarla como una “venganza”. Pero lo único que ha hecho el tribunal es lo que esperaba de él la sociedad: aplicar la ley sin tener en cuenta el contexto político ni las luchas partidarias. Es lo mínimo que se pide a una justicia democrática. Más cuando los presos no sólo no han mostrado arrepentimiento por los graves hechos que los llevaron a la cárcel, sino que además insisten con descaro en que volverán a delinquir en cuanto puedan, algo intolerable en un Estado serio. En España no puede haber ciudadanos privilegiados, que es lo que pretende el independentismo.

El Supremo ha aplicado la ley respecto al tercer grado de los presos independentistas, que es lo mínimo que se puede esperar del Alto Tribunal