La Ley de Infancia y Adolescencia cuenta con un presupuesto de 2.500 millones
La consejera Rocío Ruiz presenta a una treintena de asociaciones onubenses las novedades del desarrollo legislativo
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, anunció que la Ley de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, cuyo anteproyecto ha sido aprobado esta semana en Consejo de Gobierno, contempla un presupuesto de 2.500 millones de euros. “Sanidad y Educación soportan el grueso de la inversión, ya que estamos hablando de cuestiones como el acceso a la sanidad, las vacunas, la atención temprana o el derecho a la educación y la gratuidad de recursos para familias en riesgo de exclusión”, explicó en Huelva antes de mantener un encuentro telemático con 30 entidades de atención a la infancia para presentar esta nueva ley.
Pero también, “desde Fomento, para hacer nuestras ciudades seguras para la infancia y, por supuesto, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que concentra 483 millones del total, desde la que se coordinan todas las políticas de protección, ayudas económicas familiares o renta mínima”.
La norma, aseguró, “nace con la vocación de dar voz a los niños y adolescentes, fomentando su participación en la sociedad”; de esta forma, esta nueva norma sustituye a la Ley 1/1998, de 20 abril y para su redacción se han tenido en cuenta los cambios sociales y la evolución de la propia sociedad en estos 22 años.
Ruiz insistió en que la ley pretende atajar las situaciones de desprotección y desamparo de los menores y que se convierta en un instrumento para la lucha contra la pobreza infantil. En este sentido, aseguró que “la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia
nueva ley de Educación, conocida como ley Celaá.
En este sentido, la delegada les ha manifestado el total respaldo del Gobierno andaluz a la educación concertada y privada y a su comunidad educativa y, en consonancia a lo expresado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, les ha trasladado que “utilizaremos todos los instrumentos legales posibles para que la ley Celaá tenga el menor impacto posible en la educación andaluza”. Verano les ha tranquilizado porque “el Ejecutivo andaluz es un firme defensor del derecho que tienen las familias a elegir la educación de sus hijos”.
Para la titular de la Delegación del Gobierno en Huelva, esta ley “se ha elaborado sin ningún consenso, sin voluntad de diálogo con las fuerzas políticas ni con la comunidad educativa y de espaldas a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de Educación”. Así lo ha manifestado durante el encuentro, en el que también ha querido trasladar a los allí presentes que “cuando la ley entre en vigor pediremos un informe a los servicios jurídicos de la Junta para que indiquen cómo se pueden minimizar sus efectos en Andalucía”. A lo que ha añadido que “haremos todo lo que esté en nuestra mano para que los niños andaluces que estudian en colegios concertados y en colegios de educación especial no vean vulnerados sus derechos”.
Y es que, como ha resaltado la delegada del Gobierno en la reunión, la Junta de Andalucía ha demostrado desde el inicio de la legislatura que la educación es fundamental en su gestión. Prueba de ello es el aumento de la inversión en esta materia en un 17% desde 2018, con 936 millones más, contratando además a 1.300 docentes para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia con más calidad en la educación. “Por eso, -ha insistido Bella Verano- “trabajaremos para que en Andalucía la Educación cuente con la máxima calidad posible y primando la libertad de elección de las familias”.
La plataforma Más Plurales en Huelva está compuesta por la patronal de Escuelas Católicas y C.E.C.E, los sindicatos FSIE y Feuso, y las entidades Fapyma y Concapa por parte de las familias. Se trata de un movimiento que surgió en toda España el pasado mes de octubre, con el objetivo de parar la nueva ley sobre educación, conocida como Ley Celaá, a través de diferentes movilizaciones y campañas.
La Junta es una firme defensora del “derecho a elegir” la educación que tienen las familias